México.- La propuesta del ingreso ciudadano universal va más allá de un ajuste de políticas, se trata de un amplio contexto en el que se debe pensar en términos de régimen de bienestar para la población, consideraron los participantes en el 13º Diálogo Nacional por un México Social. Hacia un Estado de Bienestar después de la pandemia.
Enrique del Val Blanco, director general de Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que si antes era necesario el ingreso ciudadano universal, ahora por la crisis sanitaria es indispensable.
En el encuentro virtual organizado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, detalló: el ingreso ciudadano universal es una renta básica a la cual pueden agregarse otros recursos provenientes de diversas fuentes; es incondicional, lo más importante; basta con tener la ciudadanía o residencia acreditada; es para todos los ciudadanos; se otorga a cada persona, no a la familia o al hogar, y es en efectivo, lo que garantiza la libertad del individuo a destinarlo a sus propias prioridades.
Al participar en la mesa Ingreso Ciudadano Universal, recordó que en el mundo varios países establecieron este mecanismo ante los efectos de la pandemia y destacó que en México los legisladores presentaron diversas propuestas; sin embargo, no hay uniformidad en la conceptualización, ni en las vías de instrumentación.
La trascendencia de la medida, continuó, exige revisar sus alcances, identificar aspectos centrales y puntos de contacto para determinar qué tipo de reforma legal debe construirse y los instrumentos para garantizarla.
Al referirse al monto económico lo calificó como un aspecto central para garantizar su viabilidad, etapas, impacto presupuestal, monto inicial y fuentes de financiamiento.
Del Val Blanco manifestó que este ingreso difiere del asistencialismo por su carácter general; es diferente a los programas convencionales de combate a la pobreza. No afectaría la dignidad de las personas, aspecto importante porque al recibirlo no se tiene que declarar la situación económica, si se es pobre o no.
De igual manera, reduciría el paternalismo gubernamental, la burocracia, el manejo electoral; no habría padrones, ni tarjetas para los pobres, sería para todos, y su implementación se realizaría por etapas; nunca se ha pretendido que sea de golpe la instrumentación del ingreso ciudadano universal.
Para ello, deben considerarse las carencias y rezagos sociales, las prioridades territoriales, grupos etarios, género, población ocupada y si será homogénea o diferenciada.
En su oportunidad, Pablo Yanes, coordinador de investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México, expuso que el ingreso ciudadano universal es una transferencia monetaria pagada por el Estado de manera regular como un derecho a toda la sociedad, y cuya característica principal es ser universal, vitalicia, individual, no condicionada y aspira a ser progresivamente suficiente, por lo menos equivalente al umbral de pobreza definido para cada país.
Debemos pensar que no es un simple debate que tenga que ver con una política frente a otra, sino en un amplio contexto en donde tenemos que pensar en términos de régimen de bienestar y no solo en un conjunto de políticas.
En tanto, Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, mencionó que el ingreso básico universal puede impulsar la movilidad social y reducir la desigualdad de oportunidades para la población.
En el encuentro moderado por Carlos Tello, de la Facultad de Economía de la UNAM, indicó: si no se considera solo como mecanismo de emergencia y se estableciera de manera permanente, contribuiría a aminorar la intensidad de un choque económico negativo como el provocado por la pandemia y, sobre todo, ayudaría en términos de disminuir la intensidad diferenciada.
Con información de la UNAM
