México.- La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que los programas sociales son la nueva conquista de la población para un Estado solidario y de bienestar, por lo que, advirtió, se debe garantizar que esos recursos sean inembargables, sin juicio previo.
Al inaugurar el parlamento abierto virtual “Análisis del dictamen que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inembargabilidad y protección de los recursos provenientes de los programas sociales, sin juicio previo”, destacó que por su naturaleza deben estar blindados.
Dijo que el objetivo de esta reforma es establecer un esquema de protección a los sectores más vulnerables y evitar que los recursos que se destinan a ejercer las garantías contenidas en el artículo 4º constitucional a favor de las personas mayores, con discapacidad, estudiantes, y otros que se otorguen por cualquiera de los tres órdenes de gobierno para el combate a la pobreza y desigualdad social, sean inembargables, sin juicio previo.
Se pronunció por brindarles la mayor protección posible y que los recursos de apoyos, pensión o becas de ninguna manera puedan ser tomados o retenidos por bancos para cobrar adeudos.
Las instituciones financieras requieren realizar sus cobros de manera que mejor convenga a su derecho, pero sin considerar los recursos que deposite el Gobierno o las entidades federativas en esos apoyos, agregó.
Aclaró que no se trata de dar una patente de inmunidad a deudores y con ello evadir los pagos por compromisos contraídos; si alguien debe, necesita cumplir su obligación de cubrir el adeudo, aseveró.
Dijo que estos apoyos que se distribuyen por el sistema bancario tienen una finalidad ajena a los propósitos y pactos formulados entre las entidades financieras y los clientes. “En muchas ocasiones –-explicó– son el único ingreso familiar para la subsistencia y no deben convertirse en generadores de recursos para las instituciones financieras, quienes pareciera que pueden tener una fuente de cobro expedita y sin dar derecho de audiencia ante tribunales competentes a quienes asumen como sus deudores”.
Expresó que algunas instituciones bancarias han descontado, sin aviso ni juicio previo, cantidades que provenían de apoyos económicos, pensión y becas, incluso los recursos adelantados por el Gobierno con motivo de la pandemia, lo cual, “además de ser una abierta falta de sensibilidad social y solidaridad de instituciones financieras, implica un abuso” y coloca a las personas en un estado adicional de vulnerabilidad, lo que afecta su subsistencia y la de su familia.
Con información de la Cámara de Diputados
