Raúl Flores Martínez

Raúl Flores Martínez.

Casas, departamentos, pase de charola y contratos sin la licitación de ley, son solo algunos de los casos que se mantienen ocultos y otros salen a la luz pública en esta llamada Cuarta Transformación, una santa, pura e incorruptible Cuarta Transformación.

Debemos ser claros, las casas de algunos funcionarios que no figuran dentro de sus declaraciones patrimoniales, generan suspicacia en la sociedad en general, más, si el lema de este gobierno, es cero tolerancia a la corrupción.

Casos como el del consejero jurídico Julio Scherer, propietario de un departamento en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York, a cuadra y media de Central Park, que no está en ninguna de sus declaraciones patrimoniales públicas presentadas ante la Secretaría de la Función Pública desde que inició su función como servidor público, y del cual todavía en octubre de 2020 pagó impuestos, es solo una pequeña muestra.

A este caso le sumamos las casas de la propia secretaria de la Función Pública Irma Eréndira y de su esposo el “macho” John Ackerman, además de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz.

A esto le sumamos algunos casos de los llamados súper delegados que tienen diversas investigaciones de delitos que van desde el desvío de recursos, corrupción, violencia de género, desfalco y proselitismo.

Hasta el momento 16 de los 32 delegados para programas integrales de desarrollo, mejor conocidos como súper delegados por sus amplias funciones como supervisar todos los programas sociales del país, están acusados y calificados como corruptos.

El primer súper delegado señalado fue Carlos Lomelí, quien tiene una red farmacéutica de nueve empresas con contratos de más 164 millones de pesos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que Lomelí renunció a su cargo; ahora es investigado por la Secretaría de Función Pública (SFP) por tráfico de influencias y conflicto de interés.

Otros de los súper delegados del gobierno de López Obrador, es Jaime Montes Salas, representante en Sinaloa y exdiputado de Morena, quien también es director técnico de la empresa Tenabri S. de R.L. de C.V., la cual recibió 400 mil pesos entre enero y junio de 2019, de acuerdo con el Listado de Beneficiarios Productores agrícolas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Debemos resaltar que el salario mensual de los 32 súper delegados (24 hombres y ocho mujeres), es de 126 mil pesos brutos, que se traduce en un gasto al erario público de 48.6 millones de pesos al año, de acuerdo con el portal Nómina Transparente.

La cereza del pastel por todos conocidos a través de videos, es la captación de recursos por Pío López Obrador (hermano del Presidente mexicano) que cínicamente se atrevió a denunciar a Carlos Loret de Mola por dar a conocer su rostro, voz y nombre cuando fue captado al estilo René Bejarano.

Así los datos que son públicos, datos que derivan de investigaciones periodísticas, las cuales son atacadas por toda la tribu morenista que al grito de “no somos machos, pero somos muchos”, vía redes sociales comienzan las descalificaciones y vía sermón mañanero, quienes se atreven a exhibir estos casos de corrupción, son el excomulgados por el mesías tabasqueño, así la incorruptible 4T.

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