Raúl Flores Martínez.
Mañana se cumplen dos años del mandato de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno de la Cuarta Transformación al que no le duró mucho su luna de miel con el pueblo bueno.
Cifras negativas para el eterno candidato que no ha caído en cuenta que ahora es la cabeza de un país que día con día se hunde en tres pandemias, el Covid-19, la inseguridad y la nula economía.
Su eterna frase de campaña de la lucha contra la corrupción, es algo que se exhibe dentro de la actual administración por funcionarios designados por el propio López Obrador, a quien sigue defendiendo a capa y espada a pesar de la corrupción que cometen.
Los casos son simples, el consejero jurídico Julio Scherer, propietario de un departamento en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York, a cuadra y media de Central Park, que no está en ninguna de sus declaraciones patrimoniales públicas presentadas ante la Secretaría de la Función Pública desde que inició su función como servidor público, y del cual todavía en octubre de 2020 pagó impuestos, es solo una pequeña muestra.
A este caso le sumamos las casas de la propia secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y de su esposo el “macho” John Ackerman; además de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz.
El caso más reciente de acusaciones por corrupción involucró a su hermano Pío Lorenzo López Obrador, quien apareció en un video donde recibía dinero de David León -quien hasta agosto de 2020 se desempeñaba como titular de la empresa distribuidora de medicamentos del Estado-, para su partido político Morena en Chiapas, que el propio presidente calificó como “aportaciones” y no como corrupción.
Logros o mentiras del presidente, cuando aseguró que no iba echar mano del uso faccioso de la ley; sin embargo, la primera en saber la verdad de la mentira, fue la exsecretaria y antigua colaboradora de López Obrador, Rosario Robles, detenida y enviada a prisión por un juez, ante la acusación de la Fiscalía General de la República que señalaba que Robles Berlanga sabía de un esquema de desvío de dinero denominada “La Estafa Maestra” en las que participaron las dos secretarías que la acusada dirigió.
Mientras tanto, el exdirector de Pemex, el priista Emilio Lozoya Austin, acusado de corrupción tras recibir sobornos por entregar contratos a Odebrecht, aceptó colaborar con el gobierno de López Obrador y, a cambio, recibe un trato preferente durante su proceso judicial que lo ha librado de pisar la cárcel.
Y en temas de seguridad, utilizó la misma estrategia de su “adversario” Felipe Calderón al dejar en las calles a las Fuerzas Armadas, una mala copia para combatir la inseguridad que ha dejado hasta el momento más de 100 mil muertos, producto de la inseguridad y violencia en el país, a estos se les suman las 105 mil 655 defunciones generadas por el Covid-19.
