México.- La reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS) que se discute en el Senado, representa para los pescadores el riesgo de ser desplazados por aquellas personas que dispongan de los recursos económicos para adquirir sus permisos de pesca, promoviendo de manera indirecta el acaparamiento y la desprotección del sector, declaró la senadora Audelia Villarreal Zavala.
Explicó que la pesca en Baja California Sur es una rama económica importante, pero que su relevancia mayor radica en que es una actividad de profundo arraigo en las familias.
“Las historias sudcalifornianas están ligadas a la pesca. Abrir la puerta para que los permisos vigentes puedan ser negociados con terceras personas, es contrario a cualquier criterio de justicia social”, indicó.
La Cámara de Diputados aprobó recientemente una adición al artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, mediante la cual se autoriza la sustitución de permisos de pesca comercial y de acuacultura comercial. La minuta fue recibida en el Senado y turnada a las Comisiones de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y a la de Estudios Legislativos.
Al respecto, la senadora integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional pidió reflexionar sobre los riesgos de permitir una sustitución abierta de permisos, sin candados, en la propia ley.
Advirtió que esa reforma tal y como se encuentra en este momento, puede generar problemas al facultar para que sea la Conapesca y sin reglamento, la dependencia que de manera discrecional autorice las sustituciones.
“Las cooperativas pesqueras y los pescadores ribereños que viven de esa actividad en los más de 2 mil kilómetros de litoral de nuestra entidad, cuentan con derechos históricos” afirmó Audelia Villarreal.
Explicó que son familias que se han dedicado por generaciones a la pesca, y que sería injusto que la transferencia de esos permisos dependa de un funcionario público o de aquella persona que disponga del recurso económico.
Audelia Villarreal expuso que en los casos donde hubiera algún titular del permiso que por alguna razón no lo ejerce, lo conveniente sería que ese permiso se otorgue a otro pescador que tenga derecho en función de la propia actividad y no porque una dependencia decida a quién transferirlo.
“Existen casos donde ese permiso de pesca es el patrimonio que se hereda”, declaró.
Finalmente, la senadora informó que solicitará a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, se realice una amplia consulta entre los pescadores del país, antes de emitir el dictamen correspondiente a la modificación de reforma a la LGPAS.
Con información del PAN
