Para Leonel Luna, QEP
Por. Rubén Cortés
Es hipócrita hacerse los nuevos en la plaza llamando “dictador” al presidente, porque pidió revisar al juez que frena su reforma socialista en la industria eléctrica. Él lleva 20 años diciendo sin tapujos el país que quiere, y cómo quiere construirlo: a su criterio.
Antes de asumir la presidencia, canceló el aeropuerto de Texcoco consultando sólo al uno por ciento del padrón electoral, ignoró al INE, su partido hizo las boletas y marcó el dedo de los votantes con colorante para hongos del pie, que se cae con agua.
Al empezar a gobernar, el Congreso le dio la Ley de Austeridad para disponer por inspiración personal de una parte del presupuesto del Estado (en 2019 fueron 92 mil 442 millones de pesos). Al estilo de la partida secreta de antes del 2000, pero sin el nombre de secreta.
Empezadito a gobernar, el Congreso le dio la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que le permite en exclusiva “disponer de forma anticipada” de bienes inmuebles, dinero en cuentas y efectivo incautados, sin esperar veredicto judicial.
Puede dar el curso que desee a lo incautado a todo a quien el MP acuse de corrupción, encubrimiento, extorsión, huachicoleo o crimen organizado, aunque después un juez diga que el acusado es inocente.
Desde antes de gobernar, y enseguida de iniciar a gobernar, el mandatario toma decisiones individuales, y concentra un poder otorgado por su partido y la oposición, que tiene a ciudadanos, partidos, ONG’s, empresarios… a expensas de su parecer personal.
Es acomodaticio venir a acusar ahora de “dictador” a un gobierno que nunca mintió en decidir lo que quiere sin ninguna deliberación, y que le bastó siempre considerar algo como correcto para que fuera correcto, sin mediación razonable alguna.
Porque el presidente dijo sin ambages que Rosario Piedra sería la Ombudsperson, aunque el reglamento de la CNDH lo impedía por tener cargos en el partido gobernante; el Jefe del Ejecutivo apoyó sin rodeos la candidatura a gobernador de Salgado Macedonio.
Y reconoció que fue él quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando fue detenido: “Si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes perderían la vida en Culiacán y se tomó la decisión”.
Además, desapareció en dos años 14 instancias públicas, 109 fideicomisos del Estado y anunció que va por un centenar de organismos autónomos, entre los cuales siempre está advertido el INE.
Oposición, gobernadores, instituciones, la mayoría de los medios, las organizaciones de la sociedad civil, aceptaron que el país sea dirigido por una sola persona: sus ausencias, propiciaron que el presidente cope todos los espacios.
El presidente ha sido siempre sincero.
Que ahora no pongan los ojos como plato.
