Miles de personas tomaron las calles de Brasil este sábado para exigir la destitución del presidente Jair Bolsonaro, investigado por supuestas irregularidades con vacunas contra COVID-19, que ya mató a más de 520 Mmil personas en el país.
Las manifestaciones transcurrieron en forma pacífica, ocuparon las calles de cientos de ciudades del país y tuvieron como principal consigna el grito “Fuera Bolsonaro“, que los últimos días ha unido a partidos del arco progresista y a grupos conservadores, que pasaron a engrosar la oposición a la ultraderecha que encarna el gobernante.
Las crecientes sospechas de corrupción en la compra de vacunas, que serán investigadas por la Fiscalía General, y el negacionismo de Bolsonaro ante una pandemia que ya mató a más de 520 mil brasileños, llevaron a la oposición de izquierda y derecha a oficializar ante la Cámara de Diputados un pedido de destitución del presidente.
Las manifestaciones más multitudinarias ocurrieron en Sao Paulo, la ciudad más poblada del país y la más golpeada por la pandemia, Río de Janeiro, Recife, Belo Horizonte y también en Brasilia, donde la protesta se concentró ante la sede del Congreso, para reforzar la presión por un juicio político contra Bolsonaro.
Contratos sospechosos y un cabo de policía que vendía vacunas
Las sospechas con las vacunas pasan sobre todo por la Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech, y un contrato de intención de compra negociado con un “intermediario” local ya investigado desde 2017, por “venderle” al Gobierno un lote de medicamentos que jamás entregó.
Además, se comprobó la existencia de un acuerdo paralelo, según el cual parte de los 320 millones de dólares que Brasil pagaría por esas vacunas sería dirigido a una empresa con sede en Singapur que no figuraba en el contrato.
Una comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia por parte del negacionista Gobierno de Bolsonaro dice tener pruebas de que el mandatario ignoró informaciones que le fueron dadas por un diputado oficialista sobre irregularidades en esa operación, que fue suspendida sólo cuando se revelaron esas sospechas.
Por ese asunto, la Corte Suprema autorizó a la Fiscalía General a abrir una investigación penal contra Bolsonaro, que hasta pudiera costarle el poder si se comprueba que incurrió en delitos.
Más allá de la Covaxin, esta semana surgió un cabo de la Policía, admirador de Bolsonaro, que confesó haber intentado venderle al Gobierno 400 millones de dosis de la vacuna de Astrazeneca, pero que finalmente suspendió el negocio cuando un director del Ministerio de Salud le pidió comisiones equivalentes a un dólar por unidad.
El funcionario acusado de exigir la coima fue destituido y la denuncia del rocambolesco negocio del cabo Luiz Dominguetti, que la propia Astrazeneca confirmó que era falso, pudiera ser anexada a las investigaciones sobre las vacunas anticovid, que hasta principios de este año el Gobierno se negaba a adquirir.
EFE
