Francisco Garfias.
El gobernador Silvano Aureoles sigue en la ruta de denunciar la “narco-elección” el seis de junio, no sólo en Michoacán, sino en varias de las entidades que renovaron al mandatario estatal en el país.
Una ruta sinuosa, llena de peligro, la que ha recurrido el mandatario michoacano, sin apoyo de las autoridades federales. Ni lo ven, ni lo oyen, diría el clásico.
Lo hace con la convicción de que si no se les marca un alto, el próximo presidente de la República lo va a poner el crimen organizado.
El michoacano anda de un lado a otro con voluminosas carpetas, USBs, audios, videos para probar que los narcos “operaron” a favor del partido oficial, antes y durante la jornada electoral de hace un mes.
La naturaleza de su valiente denuncia lo pone en no sólo en la mira del crimen organizado, sino a las puertas de una persecución política. No para de acusar a Morena de ser un “narcopartido.”
Sabe que la política de “abrazos, no balazos” se traduce en pasividad a la hora de enfrentar a sicarios dotados de armas de alto poder.
Está al tanto que el presidente López Obrador agradeció a los delincuentes “porque se portaron bien” durante la jornada electoral. Algo que, según Aureoles, es “terriblemente grave” para la libertad de los mexicanos.
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El andar de Silvano con sus “pruebas” de una “narco-elección” lleva ya muchos días. El presidente López Obrador lo tuvo cuatro horas fuera de Palacio Nacional. No lo recibió. ¿La razón oficial? No solicitó audiencia. Fake. El gobernador presentó documentos que avalan diversas solicitudes de audiencia que allí se quedaron. Nunca le dieron cita.
Tampoco pudo ver al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aliado de la 4T. Sigue esperando un cita con él. Le dijeron que por razones sanitarias no está dando audiencias.
Pero el ministro sí pudo ir a Palacio a reunirse dos veces con el presidente que quiere prolongar dos años más su mandato.
Silvano ya logró reunirse con Alejandro Gertz Manero. Sí pudo hablar del delicado tema con el Fiscal General de la República.
Ayer se presentó en el Senado, sede de la Comisión Permanente. También fue recibido por el senador Ricardo Monreal, mero mero de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, y por Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva.
Les dejó propuestas para incorporar el “terrorismo electoral” al tipo penal, adecuaciones el Código Penal para proteger testigos, víctimas y denunciantes, entre otras.
Más tarde fue a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Delincuencia Organizada a presentar formalmente la denuncia ante esa instancia responsable de investigar tan delicado tema.
En el Senado, donde ofreció una rueda de prensa acompañado por el jefe de la bancada del PRD Miguel Mancera, y el también senador Antonio García Cornejo, Silvano aseguró que no tiene “cola que le pisen”, ni está ardido porque perdió su candidato.
A pregunta expresa aseveró que, al día de hoy, no ha recibido amenaza alguna por sus denuncias.
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“¡Voy a ser jefa de gobierno!”, soltó, espontánea, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez. La cara de What? apareció en los rostro del pequeño grupo de reporteros que atestiguaban el improvisado “autodestape” en pleno Patio del Federalismo en la Cámara de Senadores.
La otrora alcaldesa en Miguel Hidalgo sabe que en el PAN no la van a querer como candidata a suceder a Claudia Sheinbaum.
Es demasiado liberal. Su postura a favor de la interrupción voluntaria del embarazo choca de frente con los valores de Acción Nacional.
¿Y entonces con quién? Preguntamos. “Una coalición”, nos dijo casi en automático.
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alguna vez bajo sospecha de estar bajo control del Ejecutivo, volvió a dar muestras de su autonomía.
La Sala Superior consideró que el presidente de la República violó la veda publicitaria en período electoral, porque habló de logros del gobierno con respecto al pago de pensiones para adultos mayores y al robo de combustibles.
Ordenó al Órgano Interno de Control de la Oficina de la Presidencia, para que determine sanciones a dos funcionarios de presidencia:
Uno es Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, y el otro es Erwin Sigrid Frederick Neumaier de Hoyos, titular de Cepropie.
Los dos servidores públicos habían interpuesto un recurso de revisión, luego de que la Sala Regional Especial considerara que, junto con el presidente, habían cometido una infracción consistente en difundir propaganda gubernamental en período prohibido.
Ambos funcionarios consideraban que la sentencia de la Sala Regional era una forma de “censura previa”.
FIN.
