Francisco Garfias.
Dura la carta que senadores y congresistas estadunidenses le enviaron ayer al presidente Joe Biden para protestar sobre el “proteccionismo” del gobierno mexicano en materia energética.
Un tema que, según ellos, socava el espíritu y la letra del T-Mec. Dice textual la misiva:
“El gobierno de México promulgó recientemente una legislación que consolida sus políticas energéticas proteccionistas y limita severamente el acceso de las empresas estadounidenses a los mercados de hidrocarburos y energías renovables. Esta escalada reciente requiere su atención inmediata y sostenida, y una solución oportuna.”
Los legisladores hacen notar que los mercados energéticos de América del Norte se han entrelazado cada vez más durante las últimas décadas, y que esta relación ha sido fortalecida aún más por el T-MEC.
Hacen notar que empresas estadounidenses han invertido miles de millones de dólares en infraestructura energética en el país.
“Esto es algo positivo para los fabricantes, los trabajadores, el medio ambiente y la seguridad energética de América del Norte”, subrayan.
No es la primera vez que legisladores llaman la atención de la Casa Blanca por el “tratamiento regulatorio” que se le da al tema en México y que permite retrasar o cancelar permisos para las empresas energéticas estadounidenses.
“Estos desafíos siguen siendo un problema grave”, puntualizan.
Más adelante, hacen notar que el pasado primero de febrero, López Obrador presentó una legislación para reformar la Ley de la Industria Eléctrica que da preferencia al despacho a las plantas generadoras de energía menos eficientes y más contaminantes (la CFE).
“También elimina la competencia en el sector energético lo que impacta negativamente las inversiones estadounidenses, aumentará los costos para los consumidores y fabricantes mexicanos y se estima que aumentará significativamente las emisiones de CO2 (20%) y SO2 (150%)”, subraya.
La firman John Cornyn, Ted Cruz, Gregory Steube, James M. Inhofe, Vicente González, Henry Cuellar, Jeff Duncan y doce más.
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Hoy sabremos si tiene bases la versión de que el INE ya decidió no anular ninguna de las seis elecciones de gobernador impugnadas: Campeche, Chihuahua Michoacán, Guerrero, Nuevo León y SLP. En la sesión de hoy se presenta el dictamen de fiscalización.
No está de más decir que el presidente López Obrador le dio ayer la bendición al controvertido gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.
Un reportero potosino, Omar Niño, recordó, en la mañanera, que Gallardo estuvo preso en una prisión de máxima seguridad en Hermosillo, pero también en Ocampo, Guanajuato, señalado por delincuencia organizada. Salió a los 11 meses.
El reportero le recordó al presidente que alguna vez se refirió al gobernador electo de SLP como “mafiosillo”. Le preguntó si ya había cambiado esa opinión.
La respuesta de AMLO:
“Es un asunto político lo que tú planteas. El pueblo de San Luis, o la mayoría del pueblo de San Luis que participó en las elecciones, eligió a Gallardo como gobernador.
“Yo soy respetuoso de la voluntad del pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Entonces, hay que respetar la decisión de los potosinos.”
El presidente retomó la versión de Gallardo sobre ese episodio: Lo encarcelaron –dijo– porque iba a participar en la elección de gobernador y había otro que era el predilecto.
“Antes de esa elección lo detuvieron personajes que operaban en la procuraduría y lo encarcelaron. Ya no se registró y una vez que ya había candidato lo sacaron…”
No respondió a la pregunta si ya había cambiado su opinión sobre Gallardo.
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La alianza Va por México tiene impugnada la elección de Gallardo. El que está al frente es el PAN. Dice tener elementos de inconsistencias en distritos y casillas. También están sobre el tema de tope de gastos de campaña. “Esta segunda es la que puede ser viable”, nos dicen fuentes cercanas al TEPJF.
A partir del dictamen veremos que tanto pueden prosperar esas demandas. Los partidos, en lo individual, también pueden hacer su propia compulsa de gastos y presentarlo directamente ante el TEPJF.
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El diputado de Morena, Ulises García Soto, presentó ayer, en la Comisión Permanente, un punto de acuerdo sobre una presunta transacción entre la Universidad de Chapingo, campus Yucatán, y una empresa inmobiliaria de ese estado denominada “Grupo Vive Peninsular.”
“La Universidad estaría usufructuando 300 hectáreas para realizar una operación en la que la empresa sería la beneficiaria a cambio de 300 millones de pesos”, dice el citado documento.
Agrega: “es un costo altamente perjudicial para el patrimonio de esa institución pública y su comunidad.”
