Alejandro Zapata Perogrodo.
Tanto la inseguridad como la corrupción que existe en México, son rubros pendientes que se encuentran íntimamente entrelazados, ambos son verdaderos lastres que socavan e infiltran a las instituciones, de por sí débiles, penetrando como la humedad, provocando desaliento e impotencia en la sociedad.
Nos hemos acostumbrado a padecer y vivir con estos nocivos fenómenos, cuyos alcances y efectos se tornan cada día más insoportables, sobre todo cuando proviene de las propias autoridades, expertas en la extorsión y manipulación, además de estar coludidas y proteger a quienes hacen de su vida la cotidiana labor de delinquir.
Es una lastimosa verdad que se encuentra inmersa en todos los niveles y órdenes de gobierno, ejemplos los hay a montones, desde los agentes de tránsito dedicados a asaltar automovilistas a la vista de todo mundo como ocurre en el Estado de México, sobre todo con aquellos que traen placas de otras entidades, con quienes se ensañan; como en las grandes esferas asignando contratos a sus compadres.
El cobro del derecho de piso se ha convertido en un informal impuesto, conocido y tolerado por las autoridades (si no es que auspiciado), donde el dueño del negocio queda a merced de su suerte si no lo cubre, regularmente le queman el changarro, lo golpean o hasta pierde la vida, sin que nadie lo apoye, defienda o proteja.
Buena parte del territorio nacional está cooptado por carteles de la delincuencia, es común ver en las ciudades grupos civiles fuertemente armados a bordo de vehículos último modelo, transitando libremente por las avenidas y calles, atemorizando a los transeúntes y cometiendo cualquier barbaridad de delitos con toda impunidad.
Los enfrentamientos y ejecuciones en la vía pública forman parte de una normalidad callejera; secuestros, levantones y atentados contra quienes se resisten a los caprichos de la delincuencia, aunque estos últimos constituyen destacadas excepciones, son episodios comunes.
A pesar de su creación de rango constitucional, tanto el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como el Sistema Nacional Anticorrupción, sus magros resultados resaltan a la vista, los discursos abanderando esas causas no coinciden con los hechos que revelan una realidad distante.
La voluntad política esgrimida por los altos funcionarios para combatir con eficacia la inseguridad y la corrupción, ha quedado desvirtuada frente a los acontecimientos que dejan patente huella de la ineficacia de las acciones y estrategias llevadas a cabo, ponen en evidencia el doble discurso de los protagonistas.
No se ha puesto orden en la casa, las prioridades se localizan en la justicia selectiva y las campañas electorales; todo gira alrededor de quien será el próximo candidato a la presidencia de la República y, mientras ello acontece, se dejan de lado estos dos rubros que azotan la armonía social y el Estado de Derecho.
En esa medida, las respuestas oficiales están en función de sus dichos y muy lejos de sus hechos.
