Raúl Flores Martínez.
En México hay un lema que se repite una y otra vez “La justicia es para los ricos”, una justicia que se hace a la medida del mejor postor, una justicia que aún tiene cara y actitudes de hombre que defienden a otros hombres.
Tal es el caso de Eliza Xolalpa, quién sufrió violencia excesiva por su pareja Javier Ediberto al grado de quemarle la cara y cuerpo en un 40 por ciento con ácido en 2001. Sin embargo, en 2019 intentó quitarle la vida para que no siguiera pidiendo justicia.
Javier Ediberto fue detenido en marzo de este año. Tras la denuncia correspondiente y un proceso que marca la ley, el juez Adolfo Rodríguez Campuzano le dio un castigo por violencia familiar de 5 años y una reparación de daños por 30 mil pesos.
Una condena por demás miserable para un sujeto que le desgracio la vida a Eliza, quien debe comenzar un calvario, debido a que muchas mujeres que han sido quemadas con ácido, deben enfrentarse a un servicio médico que las discrimina, a un sistema de justicia que minimiza sus lesiones a una sociedad que les pone obstáculos para incorporarse a la vida y a un Estado que las olvida.
Eliza al saber de la sentencia, la cual tuvo que esperar 20 años para que se le hiciera justicia a medias, una justicia permisiva y sobre todo blanda para aquellos hombres que con toda impunidad pueden quemar el cuerpo de una mujer con ácido.
Esto se debe a que, en México, los ataques con ácido no están considerados como un delito en el Código Penal Federal, sólo en la Ciudad de México, donde desde enero de 2020 los ataques con sustancias corrosivas tienen penas que van de los 9 a 12 años de prisión.
Además, el Congreso capitalino modificó el artículo 131 para incrementar por la mitad la sanción cuando el ataque sea por razones de género, cuando quien provoque las lesiones tenga un lazo familiar cercano con la víctima, o cuando las lesiones se consideren infames, degradantes o mutilantes.
Algo que el juez del del TSJCDMX, no tomó en cuenta para dar la sentencia, pero este brillante impartidor de justicia, no es la primera vez que apoya a los feminicidas, porque en enero de 2019 dejó en libertad a un sujeto acusado de morder el rostro de su novia y provocarle una herida con marca permanente.
La decisión del impartidor de justicia se basó en cinco aspectos fundamentales: el dicho del policía que arrestó al implicado, Erick Mauricio, “se contrapone con lo señalado por la víctima”. Otro aspecto que ponderó el juez, es que a los padres de la víctima no les constó el hecho, ya que sólo por referencia tuvieron conocimiento de la conducta atribuida.
Además, la lesión en el rostro de Karen Fabiola “es corto-contundente y de las periciales se comprobó que no se trataba de una mordedura humana”.
A pesar de estas dificultades, han tejido redes de apoyo y de acompañamiento que les han permitido continuar y ayudar a otras mujeres víctimas de este tipo de ataques, visibilizar la violencia de género y luchar para que las leyes cambien.
Estos dos casos, son para un buen análisis, sobre todo para terminar con esas leyes de papel que se les otorga a quienes tengan dinero sonante en las bolsas, dónde están esos dichos de que la justicia protege a las mujeres, que en muchos de los casos vivirán con miedo.
En el caso de Eliza Xolalpa, quien 8 años después de que la atacaron con ácido, la intentó matar su ex pareja Javier Ediberto, quien podrá esperar 5 años para planear su venganza contra esta joven que puede ser otra cifra dentro de las estadísticas de los feminicidios por culpa del juez Rodríguez Campuzano.
