México.- La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, presidida por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), aprobó con 25 votos el dictamen que establece la responsabilidad de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno de adoptar medidas para prevenir los matrimonios infantiles.
El documento adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada Herrera Anzaldo subrayó que la reforma señala que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria.
Estas medidas deberán establecer acciones afirmativas respecto a niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, con discapacidad, en situación de movilidad o en exclusión social, añadió.
El documento menciona que se incluyó el término “prácticas nocivas” establecido en la Recomendación número 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y observación general número 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las practicas nocivas adoptadas de manera conjunta.
Lo anterior, por considerar que esta problemática es transversal y debe ser atendida por las autoridades del Gobierno Federal, estatal y municipal, quienes en sus ámbitos de competencia requieren realizar acciones para garantizar el interés superior de la niñez por encima de cualquier uso o costumbre que tenga como finalidad atentar contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La Comisión dictaminadora advierte que las propuestas de las y los promoventes buscan incorporar los términos de matrimonio forzado, infantil o temprano; sin embargo, se considera que las inquietudes vertidas por los promoventes pueden ser recogidas por el término de “prácticas nocivas” derivado de la recomendación antes citada.
La diputada Herrera Anzaldo señaló que el dictamen se deriva de iniciativas de todos los grupos parlamentarios y fue un esfuerzo importante realizado de forma coordinada con las organizaciones de la sociedad civil, el DIF y los asesores de la junta directiva de la Comisión.
En su intervención, la diputada Norma Aceves García (PRI) destacó que para atender y hacer frente al matrimonio infantil a nivel legislativo se cuenta con una serie de herramientas que tienen la finalidad de erradicar su incidencia, como la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que establece que las leyes federales y las entidades federativas fijen como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, sin excepción.
Sin embargo, dijo, hay prácticas que bajo el argumento de ser usos y costumbres se siguen presentando y violentando los derechos humanos de los menores, como cuando los padres de familia venden o intercambian a sus hijas, lo que obliga a que desde el Poder Legislativo se dote del marco jurídico para enfrentarlas.
Apuntó que en México el matrimonio infantil afecta al 4.45 por ciento de las adolescentes entre los doce y 17 años. Inmujeres ha detectado que el 42.4 por ciento de mujeres en localidades rurales se unieron o se casaron antes de los 18 años, el 43.3 por ciento de las jóvenes en esta situación no asisten a la escuela o porque se embarazaron.
Del PAN, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo reconoció el trabajo de la Comisión por conjuntar todas las propuestas relativas a este tema en un solo dictamen, integrado por iniciativas presentadas por legisladoras del PRI, PAN y Morena.
Con información de la Cámara de Diputados
