La Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que tras la defensa jurídica en diversas instancias, quedó avalada la inhabilitación por 10 años, para desempeñarse en el servicio público y una sanción económica por más de 370 millones de pesos contra un funcionario servidor público de la entonces Secretaría de Desarrollo Social —actualmente Secretaría de Bienestar— .
Según algunos medios de comunicación que tuvieron acceso al Registro de Servidores Públicos Sancionados, se trata de José Israel Torres Gutiérrez, ex director general de Desarrollo Comunitario de la extinta Sedesol,
En septiembre de 2018, el Órgano Interno de Control (OIC), de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, determinó sancionar a la persona servidora pública adscrita a la Dirección General de Desarrollo Comunitario, por irregularidades en la documentación de la prestación de servicios para la realización de campañas en radio y televisión de Hidalgo, además de autorizar que el pago fuera erogado con cargo a una partida no aplicable para los servicios contratados.
El ex servidor público impugnó la sanción en 2019, sin embargo, en enero de 2020 la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió reconocer la validez de la resolución.
Ante ello, interpuso un juicio de amparo que le fue negado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y posteriormente un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual finalmente resolvió desecharlo por improcedente, debido a que no se trataba de materia propiamente constitucional.
El OIC determinó imponer las sanciones conforme a la legislación vigente al momento en que ocurrieron los hechos, tras haber infringido la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
