México.- La diputada Yesenia Galarza Castro (PAN) impulsa una iniciativa que reforma el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que todas las visitas de verificación a las estaciones de servicio con venta de combustibles cuenten con un registro videográfico desde el momento en que son ordenadas.
La propuesta establece que, tratándose de visitas de verificación llevadas a cabo a estaciones de servicio de venta de combustibles, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se asegurará de dotar a los verificadores de instrumentos necesarios para llevar cabo la grabación de cada visita.
Especifica que dicha grabación comprenderá desde el momento en que les es asignada la comisión, hasta el momento en que dan por concluida la visita, de conformidad con el manual de procedimientos que para tal efecto se encuentre debidamente publicado.
Asimismo, que las actas levantadas con motivo de una visita de verificación deberán ser publicadas por la Profeco, incluyendo el nombre o razón social de la estación de servicio, el domicilio de la misma, así como los nombres de los servidores públicos que intervinieron en ella.
El documento, enviado a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, refiere que con estas modificaciones se dotará de certeza jurídica a los consumidores respecto del proceso de verificación a las estaciones de servicio, para que puedan realizar un consumo informado y existan relaciones de consumo justas.
De igual modo, evitaría que los dueños sean extorsionados por verificadores de la Procuraduría, así como para contar con un respaldo digital respecto de las actuaciones llevadas a cabo durante las visitas de verificación.
Además, respaldaría las actuaciones de los propios verificadores adscritos a la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, quienes contarán con un sustento digital verificable que permita acreditar que se conducen con rectitud y legalidad en el desarrollo de las visitas de verificación.
Resalta que estas acciones impulsan de forma indirecta la confianza de la ciudadanía en los procesos administrativos que llevan a cabo las autoridades federales, disminuyen el riesgo de corrupción por parte de los verificadores o de los dueños o empleados de las estaciones de servicio y ayudan a dilucidar controversias de carácter legal que se generen con motivo de las visitas.
Con información de la Cámara de Diputados
