Por. José C. Serrano
Miguel Carbonell Sánchez es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha sido coordinador de la Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ/UNAM) e investigador de tiempo completo titular “C” en dicho instituto.
El doctor Miguel Carbonell ha publicado e ingresado ensayos al acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ/UNAM. Uno de sus históricos trabajos cobra relevancia en la actualidad: CORRUPCION JUDICIAL E IMPUNIDAD. EL CASO MÉXICO.
Dice el jurista que “la peor consecuencia de la corrupción judicial en México consiste en los altos niveles de impunidad que existen: la impunidad significa, sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa. En buena medida, la impunidad es generada y amparada por la corrupción de los distintos agentes involucrados en el sistema judicial: policías, ministerios públicos y jueces”.
Como suele suceder en el ámbito de los estudios sobre la corrupción, no hay cifras exactas que permitan medir con precisión las diferentes manifestaciones de ésta en el sistema judicial mexicano.
Sin embargo, existen datos sobre la ineficacia de la policía y la violación de los derechos de las personas detenidas, lo que permite suponer un grado importante de corrupción entre los cuerpos policiacos y los encargados de la investigación de los delitos.
Cuando una persona es puesta a disposición de una autoridad judicial suele generarse un escenario de violación de derechos fundamentales, que en muchos casos deriva en actos de corrupción. Si la persona detenida no tiene acceso a un abogado es muy fácil que pueda sucumbir a presiones para ofrecer dinero a cuanta autoridad se le ponga enfrente.
El también jurista Héctor Fix-Fierro expuso en foros académicos que, “la imagen de la justicia en la prensa, la opinión pública e incluso en el medio de la profesión jurídica, es y ha sido en general, desfavorable, y pareciera reflejar una crisis persistente”. Desde los propios órganos jurisdiccionales federales se ha hablado del oscuro panorama de la justicia y se apunta que el Poder Judicial se enfrenta al mayor descrédito popular de su historia.
Por otra parte, los mecanismos para sancionar a los jueces que hayan incurrido en actos de corrupción son poco transparentes. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que es el órgano competente para realizar la vigilancia y disciplina de los jueces está en manos de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La mayoría de los integrantes del CJF son miembros del propio Poder Judicial, lo que arroja una cierta sospecha sobre la protección de sus colegas y que evita que sean sancionados por actos de corrupción pese a la abundantes denuncias en su contra.
Una parte de la corrupción existente en el sistema judicial mexicano es producto de la falta de una ética pública, que evite que los agentes del Estado incurran en actos de deshonestidad. Pero también hay muchos actos de corrupción que tienen su origen en una mala política legislativa; a veces son las propias leyes las que generan o inducen a la corrupción.
El mecanismo de supervisión y sanción de posibles actos de corrupción por parte de los jueces debe ser mejorado, y a profundidad. Asimismo, es necesaria la formación ética de los jueces. En esto tiene una gran responsabilidad el sistema educativo: las facultades y escuelas de derecho del país prestan muy escasa o nula atención a los aspectos éticos. La ética siempre es un buen complemento de la ley, cuando se pretende acabar con la corrupción.
Es impostergable la actuación seria y responsable del mecanismo de supervisión y sanción en el caso de las “exoneraciones” que los jueces Roberto Paredes Gorostieta y Femat y Faustino Gutiérrez Pérez, concedieron a Rosario Robles Berlanga y a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respectivamente. Su actuación despide un hedor inconfundible al que expele la corrupción.
