Por. José C. Serrano
Héctor Javier Villarreal Hernández, conoce los secretos de Humberto Moreira Valdés, porque de 2008 a 2010 fue secretario de Finanzas del estado de Coahuila, y de junio de 2010 a 2011 se convirtió en titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de esta entidad federativa.
Actos de corrupción, recursos desviados a campañas políticas y cobros ilegales a empresarios eran una rutina en Coahuila, durante el gobierno del priista Humberto Moreira, según declaraciones de Villarreal Hernández, quien testificó el pasado lunes 6 de febrero en el juicio en contra de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
De acuerdo con su testimonio, mientras él fue tesorero de Coahuila, se cobraban cuotas ilegales a contratistas del gobierno estatal, y el dinero se utilizó para la compra de propiedades en la entidad, en Morelos y en la Ciudad de México. También se destinó para sobornar a determinados medios de información y para desviarlo a campañas políticas.
Las declaraciones de Villarreal Hernández, originario de Matamoros, Tamaulipas, aportan datos reveladores sobre las prácticas corruptas que se ejercieron en Coahuila y que llevaron a la entidad a una deuda pública de gran magnitud: 35 mil millones de pesos.
Este es el hombre que, además, acusa a García Luna de intentar venderle el software espía Pegasus al exgobernador priista Humberto Moreira.
Héctor Javier renunció a la Tesorería del estado, tras la divulgación de la enorme deuda acumulada, la más grande en la historia de la entidad, y se consideró que este personaje fue uno de los artífices de tal endeudamiento, conocido como “moreirazo”. Tiempo después se reveló que parte de ese dinero habría sido utilizado en campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El “operador de Moreira”, como se le conocía, fue acusado de enriquecerse, mientras la deuda pública de Coahuila crecía. De acuerdo con una denuncia que miembros del Partido Acción Nacional (PAN) interpusieron en 2011, en ese período Villarreal Hernández adquirió 10 casas, terrenos y negocios en zonas exclusivas del estado de Texas, Estados Unidos.
En febrero de 2012, fue detenido en la Unión Americana con 67 mil dólares en efectivo. Tras pagar una fianza recuperó su libertad. Sin embargo, en el mes de abril de ese mismo año la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) abrió una investigación en contra de este escurridizo personaje por, supuestamente, encabezar una red de lavado de dinero proveniente del estado de Coahuila y dispuso incautar propiedades que Villarreal tenía en ese país, con valor de 20 millones de dólares.
Tras dos años de permanecer prófugo de la justicia, en febrero de 2014, Villarreal se entregó a las autoridades federales de Estados Unidos, en el puente internacional de El Paso, Texas. En 2015, ante la Corte del Distrito Oeste, en San Antonio, Texas, se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero robado. Sin embargo, tras aceptar cooperar con las autoridades estadunidenses, entregar cuentas bancarias y propiedades por 33 millones de dólares obtuvo la libertad condicional , y vive en Texas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó, en su conferencia matutina del pasado miércoles 12 de abril, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) 246 millones 134 mil 284 dólares que le fueron incautados a Héctor Villarreal.
El jefe del Ejecutivo federal mencionó en su conferencia habitual: “Mi propuesta al fiscal Gertz Manero es que una parte de ese recurso se destine a prevenir el consumo de drogas, que se utilice para la campaña que tenemos y que se pueda prevenir todo lo relacionado con la drogadicción. Dirigido básicamente a los jóvenes y a las familias, pero todavía hay que ver si van a entregarlo completo, o en partes, pero hay una aceptación oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos”.
Por otra parte, Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, el mismo 12 de abril, expresó que los 4 mil 813 millones de pesos que Estados Unidos confiscó a Héctor Javier Villarreal Hernández, deben ser entregados al gobierno del estado, porque el delito, si es que se cometió, ocurrió en esta entidad federativa.
En este sentido, Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila, expresó que se seguirá el procedimiento judicial para la recuperación de esos recursos, los cuales, dijo, no pueden ser usados por la FGR.
En la ceremonia de pesaje, la autoridad pugilística nota una diferencia significativa entre el peso pesado (el gobierno federal) y el peso mosca (el gobierno estatal), en el combate donde está en disputa el botín del moreirazo.
