México.- La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó formalmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, dar prioridad a la resolución de la Ley General de Comunicación Social, antes de pronunciarse sobre llamado Plan B.
A través de un comunicado, este tres de mayo la Consejería Jurídica solicitó formalmente a la presidenta de la SCJN que con base en el orden de prelación y por seguridad jurídica, el alto tribunal debe proceder para resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social el 11 de mayo de 2018, y luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022.
La Consejería Jurídica destacó en su comunicado que la expedición de la Ley General de Comunicación Social fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 y enfatizó que fue bajo las mayorías parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).
La misma CJEF mencionó que ante esa aprobación surgieron cuestiones por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano; “al considerar que hubo vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones, según los accionantes, no son acordes con la Constitución federal”.
La Consejería Jurídica argumentó en su comunicado que al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la Ley General de Comunicación Social impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta.
Sin embargo, la SCJN sí actuó sobre el caso del llamado Plan B la Corte, donde resolvió la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativo al decreto por el que se reformaban las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que se aprobaron en diciembre de 2022.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal mencionó que esta solicitud se emitió con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México.
De la misma manera, la CJEF hizo un llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distinciones políticas, 2por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado una sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018.
Con información de SPR
