México.- En cumplimiento de la Recomendación 98VG/2023, y como una medida de reivindicación y de memoria histórica, adopta, además, diversas medidas reparatorias por las omisiones en su actuación durante la gestión de Jorge Carpizo.
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, al reconocer la actuación deficiente y omisa de la CNDH frente a las víctimas de la llamada “Guerra Sucia”, anunció varias determinaciones de orden interno, destacando entre ellas el cambio de nomenclatura de su edificio sede, que a partir de ahora se denomina “Marco Antonio Lanz Galera”, defensor de los presos políticos de los años cincuenta, ejecutado por agentes de la Dirección Federal de Seguridad.
Al recordar el acercamiento que en 1992 tuvo su madre, Rosario Ibarra de Piedra, y las madres del Comité Eureka, con el presidente Jorge Carpizo de la entonces recién creada CNDH, para hablar acerca de sus demandas, señaló que éste, después de escucharlas, se limitó a contestar que la CNDH no tenía funciones ejecutivas, que no tenía autoridad ni poder sobre dependencias judiciales o administrativas, y que se limitaba a dar recomendaciones, las cuales podían o no ser acatadas por el gobierno. “Es decir –aseveró- que no podía hacer nada, prefigurando así el retrato del engendro simbólico, meramente testimonial que le convenía tener a los violadores de derechos humanos para asegurarse impunidad. Y por eso mi madre la llamó ‘uno de los fraudes más grandes de Salinas’”.
A continuación reveló que 32 años después, con motivo de la integración de la Recomendación 98VG/2023, se había confirmado lo que fue siempre una sospecha de quienes luchaban por encontrar respuestas desde ese tiempo, por lo que denunció “el montaje inmoral que se estableció a partir de la CNDH para entregar la investigación y la resolución de los casos de desaparición forzada, a los mismos que engendraron la violencia política, torturadores, secuestradores y asesinos pertenecientes a la antigua Dirección Federal de Seguridad, al CISEN y a la Procuraduría General de la República. Empezando con la creación de un programa, el PREDES, conjuntamente con la PGR, que en su nombre llevaba la negación de nuestra demanda: presuntos desaparecidos, porque ni siquiera podían reconocer que hubiera desaparecidos en nuestro país”.
Agregó que gracias al trabajo desarrollado en los últimos dos años por la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, se había confirmado la colusión habida entre autoridades, los pactos de silencio y complicidad; y que desde la CNDH se ocultó información valiosísima, que hubiera sido útil para explicar las razones de la desaparición de algunas víctimas e incluso su ubicación: “confirmamos los esfuerzos por torcer desde aquí, nada menos que desde la institución que tenía la obligación de defender al pueblo, el sentido de las investigaciones, amenazando a los familiares, hostigándolos, engañándolos hasta el punto de pretender que abandonaran su búsqueda y su lucha, haciéndolos desistirse de sus quejas. Ni más ni menos que un verdadero ‘fraude’, como decía mi madre”.
Advirtió que en su gestión se había tenido que combatir ese monopolio que sobrevivía en la Comisión Nacional, creado para ocultar una estrategia perversa: “la caracterización de los perpetradores como defensores de derechos humanos, lobos con piel de ovejas, contratados para minimizar y para ocultar las violaciones a los derechos humanos, por lo que desde que fue electa presidenta se ha empeñado en superar esa realidad, adversa a las víctimas, que marcó el nacimiento de la CNDH”.
La maestra Piedra Ibarra dijo, además, que no era casualidad que la Ley que rige la CNDH haya sido suscrita por Fernando Gutiérrez Barrios, “el mismo personaje que dirigió y sirvió a la policía política del Estado por más de 30 años, señalado como el responsable de innumerables violaciones a derechos humanos, cometidas entre las décadas de los 50 a los 90, nada menos que el perpetrador más emblemático de los años de violencia política”. Agregando que tampoco fue casual “la confusión entre procedimientos jurisdiccionales y no jurisdiccionales que persistía en los primeros años de la Comisión, que hizo de esta una solapadora de los grandes crímenes de Estado, entre otros, precisamente, los cometidos en el tiempo de la llamada ‘Guerra Sucia’”. Lo que, dijo, explicaba la conveniencia para el viejo régimen del modelo que Jorge Carpizo importó de la figura del Ombudsperson, un ente meramente testimonial, cuyas resoluciones no habían de ser vinculatorias.
Declaró que, con motivo de las investigaciones para documentar la Recomendación 98VG/2023, emitida el pasado 18 de abril, habían encontrado, entre muchas otras, las evidencias de las mentiras que rodearon la denuncia de una víctima, mandado a amenazar en su celda, porque estaba preso, por personal de la Comisión, enviado nada menos que por su primer presidente, Jorge Carpizo, quien mintió cuando dijo que él no tenía trabajando agentes relacionados con las violaciones a derechos humanos que investigaba, igual que mintió cuando dijo que entregó su Informe de la Investigación sobre Presuntos Desaparecidos en el Estado de Guerrero durante 1971 a 1974, y que éste obraba en los archivos de la CNDH. “Es la fecha, dijo, que su acta entrega recepción no aparece, lo que probaría sus dichos, hechos que fueron denunciados por uno de sus sucesores ante el Organo Interno de Control, y públicamente señaló las omisiones del señor Carpizo, y por dejar los archivos en estado desastroso”.
Frente a todo ello, la titular de este organismo constitucional autónomo asumió un compromiso personal e institucional para hacer “todo lo que esté a nuestro alcance para resarcir las afectaciones y los daños”. Y anunció que aun cuando ya habían hecho reformas en la normativa interna de la CNDH, que aseguraban la no repetición de acciones y omisiones como las evidenciadas, promoverían una reforma para evitar específicamente que vuelvan a emitirse recomendaciones insuficientes o mal integradas.
Además de eso, dijo que en cumplimiento de la Recomendación 98VG/2023, y luego de hacer la valoración de la nomenclatura que identificaba algunos espacios públicos de esta Comisión Nacional, como un acto de memoria y con el fin de dejar de enaltecer a quienes fueron parte del aparato de simulación evidenciado, se empezaba renombrando el edificio sede con el nombre de Marco Antonio Lanz Galera, por ser él un referente acorde al compromiso que en su gestión se tenía con las víctimas y con la defensa de los derechos del pueblo.
Lanz Galera nació en Ciudad del Carmen, Camp., en 1922, fue estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y apenas egresado, se sumó en 1951 a la candidatura oposicionista de Miguel Henríquez Guzmán, afilándose a la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), consagrándose a partir de entonces a la tarea de defender a los perseguidos y presos políticos, que eran numerosos en ese tiempo, y convirtiéndose él mismo en víctima de prisión arbitraria, al ser acusado de haber asesinado a un correligionario durante un mitin celebrado en la plaza de Tacuba, el 16 de marzo de 1952. Quienes lo imputaron fueron los verdaderos asesinos, poderosos dirigentes pertenecientes al PRI; pero como en ese tiempo ese partido lo controlaba todo, los jueces siguieron la consigna y retuvieron preso a Lanz Galera por espacio de 12 meses y 10 días, al final de los cuales finalmente, después de una ardua y tenaz defensa que él mismo dirigió, se impuso la verdad, y fue exonerado.
En cuanto obtuvo su libertad, el 26 de marzo de 1953, volvió inmediatamente a la labor de defensa de los henriquistas perseguidos, y aunque su carrera profesional y política fue muy corta, fue muy fecunda. Ganó fama como férreo defensor del derecho de Amparo, pero eso mismo lo hizo foco de atención de los sicarios del gobierno, que empezaron a seguirlo y amenazarlo.
El 31 de agosto de 1953, frente a la detención de nuevos presos henriquistas, con varios amparos bajo el brazo, acudió a reclamar su libertad a las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), y la respuesta fue feroz: fue inmediatamente detenido de manera arbitraria, torturado y ejecutado por agentes de esa sanguinaria corporación. Convirtiéndose así en un mártir y referente para las personas que ejercen el oficio del Derecho y la defensa de los derechos humanos.
Dentro de su militancia política, Lanz Galera se caracterizó por su tenaz oposición al régimen de los entonces presidentes Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines, denunciando en numerosos discursos y mítines la violencia política de Estado que era desplegada por cuerpos represivos como la recién creada DFS y el Estado Mayor Presidencial. También encabezó el Comité de Defensa de Reos Políticos y la búsqueda de militantes del FPPM detenidos-desaparecidos, determinaciones que él mismo estaba consciente le costarían la vida.
Su ejecución fue denunciada por su madre, Dolores Montalvo Vda. De Lanz, también militante de la FPPM, quien procuró que la memoria y lucha de su hijo prevalecieran aún después de su ejecución, ganándose así el título de madre de los presos políticos. El autor intelectual fue el general Leandro Sánchez Venegas, Director de la Federal de Seguridad; y el asesino material, Jorge Lavín de León, trabajaba directamente bajo las órdenes del presidente Adolfo Ruiz Cortines.
Con información de la CNDH
