Rubén Cortés.
No es tanto que sea un gobierno que tiende a la compulsión, al momento de reservar información que debe ser pública: es que lo hace con temas de justicia elemental, como el caso de los videos que muestran cómo fueron dejados morir quemados 40 inmigrantes, en una cárcel de Ciudad Juárez.
Sí: es un régimen que desprecia la transparencia informativa, pero en este caso decidió ocultar hasta 2028 la documentación visual que refiere un crimen de Estado, porque los responsables son funcionarios pertenecientes a una corporación del Estado mexicano: agentes de Migración.
Peor todavía: esa decisión del gobierno protege a un imputado privilegiado, como lo es Francisco Garduño, quien, como titular del Instituto Nacional de Migración, está demostrado que incumplió medidas que provocaron el crimen y, sin embargo, sigue al frente de la institución.
Así que Garduño se beneficia de que su caso sea uno de los 14 mil 128 que, en los últimos dos años, su jefe el presidente ha guardado bajo llave hasta mucho después que abandone el gobierno, muchos relacionados con amigos suyos, como el propio Garduño o Evo Morales.
Es una friolera de información reservada a la ciudadanía. Por ejemplo, Felipe Calderón reservó en su sexenio seis mil 938 casos, aun cuando durante su gobierno se desató la guerra contra los cárteles del narcotráfico, lo cual generó información sensible de seguridad nacional.
Pero el caso de los videos vetados sobre la masacre en la celda migratoria de Ciudad Juárez, tiene visos detestables, porque aporta impunidad a Francisco Garduño, pese a estar imputado por incumplir con las obligaciones de su trabajo al frente del INM.
Garduño incumplió su atribución para desempeñar protocolos de actuación contra incendios y hacinamientos; y que sabía que la cárcel migratoria de Ciudad Juárez no tenía condiciones para operar. Al dejarla funcionar, propició el fuego que incineró a 40 personas.
Mientras Garduño anda libre, en su cargo y feliz de la vida, el único preso por el incendio es un migrante venezolano, quien es acusado de iniciar el incendio del pasado 27 de marzo. Pero están libres los que se negaron abrir las rejas, a pesar de que en la celda se había desatado el siniestro.
De todos modos, a Garduño no le sucederá nada, pues el mismo presidente le tendió su manto protector, al afirmar que “Francisco Garduño ha tenido un buen desempeño como director del Instituto Nacional de Migración”.
O sea, el veredicto de inocencia de Garduño ya está dado, con la afirmación del presidente y con la decisión de este de reservar hasta 2028 los videos que lo hundirían, por mucho que en verdad sea un migrante sobreviviente quien encendió el fuego.
Los amigos del presidente, impunes.
