México.- La diputada Esther Martínez Romano (PT) propuso, por medio de un punto de acuerdo, exhortar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) a coordinarse con las Secretarías de Salud estatales, para fortalecer la vigilancia en la operación y evaluación de los establecimientos especializados en adicciones.
En un comunicado, explicó que es común enterarse de los abusos que se cometen en los centros de rehabilitación para personas con adicciones, ya que en éstos los pacientes sufren de maltrato físico y psicológico, debido en gran medida a la falta de capacitación del personal.
“Como consecuencia del gran número de centros de desintoxicación y rehabilitación que operan en el país al margen de la normatividad correspondiente, todos los días se violentan la dignidad y los derechos de miles de mexicanas y mexicanos que padecen algún tipo de adicción”, denunció.
Agregó que en muchos de estos lugares se alimenta a los pacientes con comida en mal estado, se les golpea y baña con agua helada como parte del tratamiento de rehabilitación, además de causar maltrato psicológico; en su gran mayoría, los pacientes son ingresados contra su voluntad.
“El hacinamiento habitual que se padece en estos centros propicia la convivencia entre mujeres y hombres, adolescentes con adultos, alcohólicos con drogadictos, lo que provoca agresiones físicas, psicológicas y sexuales entre los mismos internos”, sostuvo.
La legisladora federal resaltó que el artículo 75 de la Ley General de Salud señala que el centro de internamiento para tratar a personas que consuman sustancias psicoactivas y de adicciones debe ajustarse a principios éticos, sociales y de respeto a los derechos humanos.
“Asimismo, el internamiento de cualquier persona sólo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria y cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones posibles”, aclaró.
La diputada enfatizó en fortalecer la vigilancia de estos centros, a fin de garantizar que operen con personal capacitado y cuenten con programas aprobados por el Conadic, en los que se contemple el tratamiento médico o psicosocial basado en principios científicos, sociales y éticos.
Con información de la Cámara de Diputados
