Necesario, defender el derecho a la verdad y esclarecer los hechos de desaparición forzada en el país: Carlos Sánchez

Desaparición forzada

México.- A lo largo de la historia, en México han existido grupos de personas con demandas o exigencias de respetar los derechos humanos o inconformes con el orden político y social que la mayoría de veces fueron reprimidos con violencia por agentes vinculados con el Estado.

En este sentido, el diputado Carlos Sánchez Barrios (Morena) presentó una iniciativa para establecer en la Constitución Política el derecho a la verdad, ya que a la fecha “cientos de personas continúan desaparecidas.

“Conocer la verdad contribuye a poner punto final a capítulos de obscuridad y sufrimiento. Es una forma de recuperar la dignidad humana y exigir rendición de cuentas a las autoridades encargadas de la seguridad y protección”, indicó.

Recordó actos como la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, ocurrida el 28 de junio de 1995, donde fueron asesinados 17 campesinos y 23 más resultaron heridos por presuntos policías estatales; y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, caso en el que a nueve años “no se conoce la verdad de lo ocurrido, y los padres de familia aún esperan conocer el paradero de sus hijos”.

Por ello, en un comunicado Sánchez Barrios subrayó que “es imperante establecer como garantía constitucional el derecho a conocer la verdad” y propuso adicionar la fracción VIII, Apartado C, al artículo 20 de la Constitución Política.

Así, explicó, cuando se cometan violaciones a los derechos humanos en las que los perpetradores sean agentes del Estado o personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, se considerará como víctima a la sociedad en su conjunto, y se le reconocerá y protegerá el derecho a conocer la verdad, para lo cual el Estado dictará todas las medidas para esclarecer los hechos en un plazo razonable y perentorio.

El legislador de Morena añadió incluir un artículo transitorio para señalar que después de la aprobación de la reforma constitucional, se emita una ley reglamentaria donde se señalen todos los mecanismos para el esclarecimiento de los hechos.

Resaltó que “la buena voluntad no basta” y llamó al Congreso a no eludir responsabilidades y establecer en la Constitución el derecho a la verdad.

“Nuestra aportación a la historia se aplicará no sólo en el caso de Ayotzinapa, sino que permitirá el replanteamiento de pendientes y mayor certeza en eventualidades afines no esperadas ni deseadas. No repartamos culpas, cumplamos con lo que nos toca”, apuntó.

Con información de la Cámara de Diputados

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