México.- El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) aseveró que la iniciativa impulsada por las senadoras Elvia Marcela Mora Arellano (PES) y Lilia Margarita Valdez Martínez (Morena) busca reformar la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Salud para centralizar aún más los recursos destinados al sector.
“Hacemos un llamado a los senadores a no aprobar esta reforma que traerá graves consecuencias para el sistema de salud; les quitarán todos los recursos a los estados, sin que quede claro cómo esa centralización se traducirá en prestación de servicios de salud para la población en cada entidad federativa”, señaló en un comunicado.
Se trata de una centralización abusiva, en la que las entidades federativas entregarán todo su dinero, personal y hospitales a la Federación a cambio de una promesa vacía de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, asentó.
Indicó que algunas de las afectaciones serán la centralización de los recursos en una nueva institución que no tiene reglas claras, como lo es IMSS-Bienestar, que tiene como propósito monopolizar recursos, para usarlos sin rendir cuentas.
Además, viola el pacto federal y el federalismo fiscal y le quita soberanía a los estados, mismos a los que, de acuerdo con la Constitución y la Ley General de Salud, les corresponde ejercer recursos para garantizar el derecho a la protección de la salud.
Del mismo modo, afecta al Fondo de Salud para el Bienestar, pues elimina la disposición que obligaba a destinarle recursos, ya que actualmente se dispone que, incluso las entidades federativas que firmen convenio de centralización, deben canalizar dinero a este fideicomiso que, entre otras cosas, sirve para financiar la atención a enfermedades que causan gastos catastróficos, como el cáncer o los infartos.
Generará mayor opacidad en el ejercicio de los recursos para la salud, pues quieren eliminar las reglas de transparencia y fiscalización que existen en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), para pasar el dinero al IMSS-Bienestar, institución que carece de controles.
“En el gasto que se transfiere a las entidades federativas se exige documentación que acredite las transferencias y el ejercicio de los recursos, hay obligaciones de transparencia, además de ser fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, con la centralización habrá opacidad y malversación”, advirtió.
Con información de la Cámara de Diputados
