México.- Al comparecer ante la Cámara de Diputados en el marco de la Glosa del 5° Informe de Gobierno del Presidente de la República, el secretario de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, afirmó que a la dependencia a su cargo le corresponde vigilar que el presupuesto del Poder Ejecutivo Federal, que en 2023 es de más de 7.9 billones de pesos (bdp), se ejerza en los fines previstos y produzca los resultados esperados en las 287 instituciones de la Administración Pública Federal (APF).
Ante los legisladores de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, destacó que se trabaja en esa misión mediante dos ejes, en torno a los cuales se articulan las labores de la SFP: el combate a la corrupción y el combate a la impunidad.
Acerca del combate a la corrupción aseveró que se ha privilegiado el enfoque preventivo. En materia de contrataciones públicas, mediante las Bitácoras Electrónicas de Seguimiento de Adquisiciones y a Obra Pública la SFP monitorea en tiempo real 6 mil 517 contratos de compras por un monto de 644 mil millones de pesos (mdp), y 16 mil 777 contratos de obra pública por 274 mil mdp.
El secretario Salcedo Aquino señaló que la ética pública es imprescindible para una gobernanza proba, por consiguiente, se han instalado 310 comités de ética para promover la integridad en la actuación de las personas servidoras públicas y atender las denuncias por vulneraciones al Código de Ética de la APF y de conducta de sus instituciones.
Explicó que, como otra acción preventiva para detectar la malversación de los fondos públicos, se monitorea la evolución del patrimonio de las personas servidoras públicas, mediante la vigilancia del cumplimiento de la declaración patrimonial y de intereses. A septiembre de 2023, el 99% de los más de 1.4 millones de trabajadores del Poder Ejecutivo atendieron ese deber.
Por otra parte, destacó la participación de la sociedad en la supervisión del ejercicio del poder, la rendición de cuentas y la exigencia de las responsabilidades de los cargos públicos. Expuso que la contraloría social permite a los beneficiarios de los programas verificar el cumplimiento de las metas establecidas y la correcta aplicación de los recursos. A septiembre de 2023 se han instalado 109 mil comités, con la participación de 383 mil personas, quienes vigilaron la aplicación de un presupuesto de 85 mil mdp.
En cuanto a testigos sociales, cuya función es fortalecer la transparencia de las contrataciones, en 2022 su comité designó 223 personas para observar y vigilar 198 procedimientos de adquisiciones y 25 de obra pública, por un monto de 555 mil mdp.
También como parte de la prevención de la corrupción, señaló que la SFP estableció el Padrón de Integridad Empresarial, que ha otorgado el registro a 43 empresas y otras 80 solicitudes están en análisis.
El secretario Salcedo Aquino detalló que, además de todas las prevenciones, es necesario recurrir a la fiscalización para combatir la corrupción.
Al exponer sobre el combate a la impunidad, el titular de la Función Pública dio a conocer que al 30 de septiembre de este año el 44% de los expedientes por responsabilidades administrativas graves fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución.
Asimismo, la SFP determinó 250 resoluciones sancionatorias a proveedores y contratistas que infringieron la normativa, que incluyen multas por mil 102 mdp y 173 inhabilitaciones. Y, por otra parte, se presentaron 99 denuncias penales de octubre de 2022 a septiembre de 2023.
Concluyó afirmando que “la ciencia y la experiencia adquiridas nos enseñan que enfrentar la corrupción y la impunidad exige del concurso de los liderazgos del gobierno, de la sociedad, de la academia, del empresariado y de los medios de comunicación. Las acciones por adoptar no pueden ser fragmentarias, aisladas, ocasionales ni vacilantes. Un problema sistémico sólo se resuelve en el conjunto del sistema”.
Con información de la SFP
