Francisco Garfias.
Desde su palaciega burbuja, el presidente López Obrador ve a la gente “muy tranquila, muy segura y feliz.” ¿Miedo en México? No. “Es un asunto de publicistas por la temporada electoral”, asegura.
Ese inexplicable optimismo no es compartido por la Iglesia católica, cuyos obispos negocian una tregua en Guerrero con los jefes de las bandas, ante la ausencia del Estado.
No veo felicidad en los transportistas que sufren robos, extorsiones, asesinatos; ni en los familiares de los 16 candidatos que han sido asesinados en lo que va del año.
¿Y qué decir de los polleros, los aguacateros, los comerciantes que sufren extorsiones? ¿Las madres buscadoras? ¿Y los familiares de los 180 mil asesinados en este “paraíso” llamado 4T ¿Estarán felices? Así podríamos seguirle, no acabaríamos.
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AMLO respaldó su optimismo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI sobre el cuarto trimestre del 2023.
Esa medición dice que en diciembre del 2023 , el 59.1 por ciento de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades, se siente insegura en la ciudad donde vive.
Es cierto que la percepción de inseguridad bajó con relación a los porcentajes registrados en septiembre de 2023 y diciembre de 2022, que fueron de 61.4 y 64.2 por ciento.
Pero no puedes echar las campanas al vuelo cuando casi seis de cada diez mexicanos declaran sentirse inseguros en las localidades donde viven.
Son “los otros datos” que distorsionan la realidad.
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La nota en la mañanera de ayer la dio la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
Dijo que el gobierno federal está a cargo de la protección de candidatos y candidatas a la Presidencia de la República, a las nueve gubernaturas en disputa, incluida la CDMX, y al Congreso de la Unión.
Pero que la seguridad y protección de los candidatos a cargos de elección local, es cosa de los gobiernos estatales y municipales.
Pareciera que el gobierno federal ya se quiere curar en salud. Dejar la seguridad de los candidatos locales a los gobiernos municipales y estatales, es entregar el control de los comicios locales al crimen organizado.
Los policías estatales y municipales se encuentran en una situación de abandono institucional en sus distintas vertientes: preparación, equipamiento y prestaciones. Por si fuera poco, no tienen capacidad de fuego para enfrentar las bandas criminales en la mayor parte del territorio nacional.
Los candidatos locales son los más vulnerables. De los 16 aspirantes que han sido asesinados en lo que va del 2024, todos iban por alcaldías o diputaciones locales.
Interrogada sobre si el gobierno federal ayudaría en el tema a estados solicitan protección para sus candidatos a alcaldes o diputados locales, alegando incapacidad frante a los malosos, respondió: “Tendríamos que analizarlo.”
Rosa Icela reveló que hay 23 solicitudes de protección de candidados a nivel federal. Los tres candidatos presidenciales –Claudia, Xóchitl y Maynez- ya cuentan con protección.
“Tenemos tres solicitudes de candidatos a gobiernos de los estados, siete de competidores al Senado de la República y 10 de quienes buscan una diputación federal. Siete que ya tienen la protección y 14 están en proceso”, dijo.
De los ocho restantes, aseguró que han tenido problemas para contactarlos. Uno no contesta el teléfono y se le envió correo electrónico; otro, el número telefónico es conmutador y tampoco cuenta con correo electrónico.
Otro más, el enlace del candidato verificará la disponibilidad de su agenda, y un último, el número de contacto indica que no existe.
¿Qué le parece?
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La columna de Héctor de Mauleón, en El Universal, ya tuvo efectos. El grupo parlamentario del PAN presentará una denuncia formal por desvío de dinero público a las campañas electorales de Morena.
La denuncia se basa en las revelaciones que María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez, le hizo a de Mauleón. Esta mujer, fundadora de Morena y subdelegada regional de programas sociales en el gobierno de Sinaloa, dice en audios y videos que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recibía maletas de dinero presuntamente del narcotráfico.
Tambien señala a José Jaimes Montes Salas, secretario de agricultura y superdelegado de programas sociales en Sinaloa, de pedirle que reportara como pérdidas una “cantidad enorme” de tarjetas del Bienestar.
“Esta tarjeta, según su relato, no llegó a sus destinatarios legítimos y el dinero destinado a ellos simplemente se perdió”, dijo Julen Rementería, coordinador de la bancada del PAN en el Senado.
Julen recordó que hace apenas unos meses, el fallecido ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, reveló la existencia de 600 mil fantasmas que cobraban la pensión para el bienestar.
“Es realmente algo que ya no se puede dejar pasar. Por eso el Grupo Parlamentario del PAN, denunciará formalmente estos hechos, para que se abra la investigacion correspondiente”, dijo.
Aquí la pregunta es: ¿Se abrirá? Mmmmm.
FIN.
