Raúl Flores Martínez.
En las últimas semanas ha salido a la luz pública los grandes desvíos de recursos públicos dentro de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a cargo de la ex velocista Ana Gabriela Guevara Espinoza, desvíos que la han calificado por la sociedad cómo la funcionaria más corrupta.
La historia que pesa sobre la ex deportista de Sonora, data desde el 2005 cuando la extinta Procuraduría General de la República, recibió la solicitud del Servicio de Administración Tributaria para iniciar una investigación contra Guevara Espinoza por el delito de evasión de impuestos por un monto de 600 mil pesos.
El resultado de la investigación de los peritos en finanzas de la desaparecida Procuraduría General de la República fue la solicitud de una orden de aprehensión al juez 15 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Ranulfo Castillo Mendoza para que se iniciara el juicio formal contra la ex velocista mexicana.
Con las pruebas contundentes del fraude fiscal, el impartidor de justicia dictó el auto de formal prisión a la entonces candidata por el Partido de la Revolución Democrática al Senado por Sonora, Ana Gabriela Guevara, correspondiente al año 2005.
Debido a que el delito no es considerado grave, Ana Gabriela Guevara Espinoza puedo llevar su juicio en libertad luego de que exhibió una garantía económica para tener el beneficio de libertad provisional bajo caución.
Bajo este contexto el juez de la causa determinó dejar vigentes los derechos políticos con lo que alcanzó el fuero que le dio en su momento ser Senadora de la República.
En la actualidad la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer hace unas semanas las irregularidades en el organismo que ascienden a más de 292 millones de pesos, e incluso presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República hasta el momento no se tiene a ningún responsable en prisión.
Las denuncias de desvíos de recursos y otras irregularidades han sido detectadas desde el 2020 a la fecha, lo que ha derivado en denuncias ante las autoridades correspondientes; incluso particulares también la han denunciado penalmente por diversos delitos, como la extorsión.
Esto la ha llevado a tener el 65.1 por ciento de percepción de corrupción para encabezar la lista de más de 40 funcionarios públicos de la actual administración federal de acuerdo con la plataforma “México Elige” en su encuesta de marzo.
