México.- La diputada federal Norma Aceves García (PRI) informó que impulsa una iniciativa para promover el desarrollo integral y expedir una Ley General en Materia de Derechos de las Personas Adultas Mayores, consideradas como el grupo que crecerá más en los próximos años en México.
En un comunicado indicó que su propuesta busca reformar los artículos 4 y 73 de la Constitución Política.
Aceves García expuso que desde el año 2002 se cuenta con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, pero ésta carece de rigor jurídico, situación que ha afectado su obligatoriedad en los distintos órdenes de gobierno, por la cual, subrayó, urge que el Congreso federal sea facultado para legislar en la materia y otorgue certeza legal a este grupo poblacional.
Por esta razón, subrayó que su proyecto de ley adiciona un párrafo décimo quinto del artículo 4, para establecer que “el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas mayores, garantizando entre otros derechos la seguridad social, la salud y una vida libre de violencia”.
Mientras en el artículo 73 se reforma una fracción XXIX- AA, para expedir la Ley General que establezca la concurrencia de la Federación, los estados, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las personas adultas mayores, velando en todo momento por su desarrollo integral.
La legisladora sostuvo se requiere que desde el máximo orden jurídico se sienten las bases para actualizar y fortalecer las acciones a favor de los adultos mayores ante el cambio demográfico que se prevé.
Refirió que conforme al estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre 2015 y 2030, la población de 60 años y más se elevará de 900 millones a más de mil 400 millones, un aumento de 64 por ciento, siendo el grupo de edad que más crecerá.
En el caso de México, Aceves García señaló que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) reporta que tres de cada 10 personas de 65 años o más no reciben ingresos por pensión por jubilación o por programas sociales; las personas adultas mayores que viven solas y están ocupadas no gozan de prestaciones, 15.7 por ciento recibe aguinaldo y sólo 13.4 por ciento tiene vacaciones con goce de sueldo, entre otros datos.
Además, destacó, la población envejece a un ritmo diferente en cada entidad federativa debido a su contexto social, cultural y económico particular.
En ese sentido, precisó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha señalado en apego a los convenios internacionales, que se debe armonizar el marco jurídico nacional de protección de los derechos de las personas mayores, para determinar los mecanismos y hacerlos exigibles; los procedimientos para evaluar su eficacia y eficiencia, y las consecuencias o sanciones en caso de incumplimiento.
Con estas consideraciones se observan distintas problemáticas en perjuicio de estas personas, donde la base demográfica marca que vamos en camino de ser un país donde predomine esta población, por lo que se necesita replantear el marco legal, la estrategia y las políticas públicas, antes de que el contexto nos rebase.
Con información de la Cámara de Diputados
