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En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que la protección a candidatas y candidatos durante el actual proceso electoral será inmediata, “sin ningún pretexto, sin burocracias”. 

Aseguró que la federación está pendiente de todas las peticiones de seguridad de aspirantes y partidos políticos a fin de atenderlos ágilmente a partir del esquema de protección acordado con el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Este protocolo nos ayuda a no demorar en atender una petición; estamos haciendo el procedimiento cada vez más rápido para brindar la seguridad necesaria de forma inmediata. (…) Continuamos en la atención de sus requerimientos de seguridad para hacer efectivo el derecho a la población de elegir libremente a sus autoridades en un ambiente de paz y tranquilidad”, aseveró.

Por parte de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo, hay atención para todas las solicitudes de candidatas y candidatos a la Presidencia de la República, a las nueve gubernaturas y al Congreso de la Unión. Los gobiernos de los estados y municipios son responsables de la seguridad de candidatos locales en colaboración con instituciones electorales estatales.

Hasta el lunes 15 de abril, la SSPC atendió las 273 solicitudes de protección registradas, de las cuales 250 solicitantes ya cuentan con servicio de protección, 23 casos fueron declinados por los propios peticionarios y ninguna se encuentra en proceso de análisis de riesgo.

La funcionaria precisó que el mecanismo federal de seguridad contempla una mesa permanente de la SSPC que vigila y da seguimiento las 24 horas los siete días de la semana. Las 32 mesas de construcción de paz y seguridad de los estados y las 266 regionales del país también atienden problemáticas en el territorio.

En el proceso electoral, iniciado el 1° de octubre de 2023, se ha reportado una candidata fallecida, así como el homicidio de cinco precandidatos que ya contaban con el registro oficial ante sus partidos políticos.

También se tiene conocimiento de nueve homicidios de personas aspirantes, que aún no tenían registro oficial ante sus partidos políticos o instituciones electorales estatales, pero fueron mencionados para un cargo de elección popular o manifestaron su deseo de competir.

Al respecto, la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales están a cargo de las investigaciones para que haya justicia, puntualizó.

La SSPC comunica al INE la disposición del servicio para que el instituto informe la disposición a los partidos políticos y aspirantes a cargos federales o a las gubernaturas. En caso de ser otorgada la protección, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Gobernación supervisan el acompañamiento.

El comandante de la Guardia Nacional, David Córdova Campos, aclaró que la corporación a su cargo tiene capacidad financiera para proporcionar seguridad a las diferentes candidatas y candidatos que participan en procesos electorales sin requerir algún tipo de recurso adicional de entes u organismos externos.

  • La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a respetar la Constitución, respetar los poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional y valorar con eficacia la tardanza en sus resoluciones.

Ello, en el marco de la próxima discusión en el máximo tribunal para invalidar el artículo 19 constitucional que ordena a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio.

El origen de esta discusión proviene de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que condena a México y resuelve que se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución para eliminar la prisión preventiva.

“Aunque esta resolución por parte de la Corte Interamericana obliga a todo el Estado Mexicano en su conjunto, la Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento, sin que se tome en cuenta a  otras instituciones. Una de obvia sería el Congreso de la Unión, quien debería analizarla posibilidad de estas modificaciones”.

En este marco, el gabinete de Seguridad le envió cartas a las ministras y ministros de la Corte para expresar sus preocupaciones en la materia.

Alcalde Luján, detalló que de eliminar dicho recurso se podría liberar a 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa: 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 acusados de violación, 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamentos y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada.

Entre los estados más afectados por esta decisión se encuentran el Estado de México (21,718), Jalisco (8,342), Veracruz (4,554), Michoacán (3,315) y Puebla (3,044).

De igual manera, Alcalde Luján refirió que esta medida vulnera la soberanía nacional, toda vez que “la existencia de organismo internacionales no implica que los Estados renuncien a su soberanía ni a su derecho a autodeterminarse”.

La funcionaria consideró que la SCJN se excede al anular una disposición constitucional y pretende asumirse como el “poder de los poderes”, pues la única instancia “facultada para reformar o eliminar un artículo de la Constitución es el Congreso de la Unión, a través de los diputados y senadores, con dos terceras partes, con la ratificación de la mayoría de los Congresos locales”.

Finalmente, Alcalde Luján denunció que juzgados federales de la región centro-norte, que comprende 18 estados, se le adelantaron a la Suprema Corte, al emitir unilateralmente “una jurisprudencia que ordena a todos los jueces conceder suspensiones de amparo que promuevan las personas con órdenes de aprehensión por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, en cumplimiento a la recomendación de la CIDH.

  •  Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan que ese mes registró la disminución de 21.4 por ciento en homicidios dolosos a nivel nacional.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso se redujo a 79 hechos el mes pasado. El número de homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios del país disminuyó 23 por ciento.

Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán concentraron el 46.9 por ciento del homicidio doloso; las demás entidades federativas reportaron tendencia a la baja.

En marzo, el secuestro tuvo 82 por ciento menos víctimas, mientras que el feminicidio bajó 29.7 por ciento, indicó la titular de SSPC en conferencia de prensa matutina.

El robo de vehículo automotor decreció 49.3 por ciento en marzo y el robo total fue a la baja con 31.2 por ciento, de acuerdo con la información recabada de las 32 fiscalías estatales. El robo de combustible disminuyó 94.2 por ciento.

Los delitos del fuero común se redujeron, particularmente en el robo de ganado, robo en transporte público colectivo, robo a casa habitación, robo a transportista, robo en transporte público individual y robo a transeúnte. Los robos a negocio y en transporte individual son atendidos mediante la coordinación con autoridades estatales.

En tanto, los delitos correspondientes al fuero federal mantuvieron una disminución del 28.2 por ciento en el mes pasado; la incidencia bajó en delitos financieros, contra la salud y relacionados con armas de fuego y explosivos. La federación atiende el aumento en ilícitos fiscales y de delincuencia organizada, aseguró la funcionaria.

 

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