MÉXICO.– A iniciativa del gobernador Miguel Barbosa, el pasado 15 de mayo el Congreso del estado aprobó la Ley de Educación del Estado de Puebla, la cual le brindaría al Gobierno estatal mayores atribuciones sobre la educación y control de las escuelas privadas.
De esta manera, a partir de ahora se contemplará un proceso educativo basado en “4-A”, es decir, en asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
Los nuevos lineamientos ya desataron duras críticas y posiciones en contra del gobernador Barbosa, desde partidos políticos hasta rectores de dichas instituciones.
Ante la polémica desatada, el gobernador respondió a las críticas en Twitter:
Llamo al autodenominado #ConsorcioUniversitario de #Puebla, a que mire por la educación y no por sus intereses económicos, las cosas en Puebla ya cambiaron y no volverán a ser como antes, cuando recibían canonjías de los gobiernos.
— Miguel Barbosa ✞ (@MBarbosaMX) May 24, 2020
Y puntualizó:
Esta misma previsión por obligación, quedó establecida en la Ley de Educación Estatal en su artículo 105. Su alcance nada tiene que ver con apropiarse de dichos bienes muebles e inmuebles, sino de que los mismos sirvan para los fines educativos a que son destinados”.
¿QUÉ DICE LA LEY?
ARTÍCULO 86 PROHÍBE…
- Distribuir y comercializar alimentos chatarra, por no favorecer la salud de los educandos, así como las bebidas energizantes.
EL ARTÍCULO 105 PROPONE:
- Los inmuebles de los planteles destinados a la educación de las autoridades estatales, municipales y de particulares formarán parte del Sistema Educativo Estatal.
El Artículo 148 establece que se impondrán multas que van de los 8 mil 688 a los 86 mil 880 pesos a las escuelas privadas que condicionen la educación a …
- La adquisición de uniformes
- La compra de material educativo y actividades extraescolares
- Expulsar, segregar o negar la educación a personas con discapacidad, o que presenten problemas de aprendizaje.
- La nueva normativa establece multas de hasta 608 mil 160 pesos para las escuelas privadas que…
- Retener documentos personales o académicos por falta de pago.
- Difundir datos personales sin el consentimiento del tutor.
- Cambiar de domicilio sin autorización previa de las autoridades.
Por su parte,la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares analiza promover un juicio de amparo, a nombre de sus 25 instituciones afiliadas.
