Raúl Flores Martínez.
Hay algo que debe llamar la atención de todos los ciudadanos e incluso de las autoridades de los tres niveles de gobierno del país para evitar que se sigan dando estos hechos en esta crisis que está generando la pandemia.
Ya se habló de los números disparados de la violencia contra mujeres y niños en los hogares. También hay violencia fuera de ellos que están generando diversas situaciones legales que no son atendidas.
Hoy pondré el ejemplo de Liliana León, vecina del municipio de Chalco en el Estado de México, quien desde el pasado 5 de mayo ha peregrinado en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Tribunal Superior mexiquense para poder recuperar a su hijo de 5 años que fue sustraído por su propio padre.
Esta sustracción se dio una vez que una juez de lo familiar, le concedió a Liliana la patria protestad en su totalidad tras un largo y tortuoso juicio donde hubo de todo, amenazadas, intimidaciones y corrupción por parte de Rodolfo Ernesto Cervantes Vargas, un abogado venido a menos en ese municipio.
Tras el fallo judicial, Cervantes Vargas sustrajo al menor de la casa de Liliana, bajo el pretexto de la visita estipulada por la Juez.
Han pasado 25 días y los juzgados del Tribunal de Justicia del Estado de México, no reciben ningún tipo de trámite.
Caso contrario en la FGJEM, se da el apoyo de asesorar lo que se tiene y debe de hacer; sin embargo a pesar de qué hay una denuncia y una alerta Amber, no pueden actuar los policías ministeriales mexiquenses por la falta de una orden de aprehensión en contra de Rodolfo Ernesto Cervantes Vargas, porque no hay jueces que puedan otorgarlas.
Esto ha generado en otros casos similares que aquellos que han sustraídos o robado un menor, puedan sacarlos del país, sin ningún problema, debido a que no tiene órdenes de aprehensión, porque los jueces y trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México no están trabajando.
Qué pensara el Presidente del TSJEM, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar al que tengo el gusto de conocer y haberlo entrevistado diversas ocasiones, sobre el actuar de sus subalternos en casos como el de Liliana León.
Esta mujer abogada de profesión a pesar de las amenazas de Rodolfo Ernesto Cervantes Vargas, “Te voy a matar, pagaré para que te maten y hagan chachitos”; ha realizado una investigación mejor que cualquier policía ministerial para dar con el paradero de su hijo.
Aún así, sigue como al principio, sin apoyo de las autoridades para dar con el responsable de la sustracción del menor de cinco años que está plenamente identificado con fotografías, placas de vehículos e incluso con nombres y apellidos de familiares cercanos y de su actual pareja.
Está situación de viven a diario en el país que bajo el pretexto de la pandemia tanto jueces como policías ministeriales, no hacen nada por esclarecer estos casos que día con día se van acumulando para ser enviados al archivo muerto de estos dos organismos.
