Isaías Villa González*.
Las cifras reales de la pandemia COVID19 empiezan a aparecer. Por fin antier, consignado en entrevista con The Economist y luego ante los medios, el subsecretario Hugo López-Gatell reconoció muchos más pacientes en México, 26 519 casos ¡900% más de los informados!
Varios denunciamos el subregistro de casos y su clasificación engañosa como “neumonía atípica”. No ha sido alarmismo; es pedir se diagnostique bien para actuar mejor: prever infraestructura, personal, presupuesto, y comunicar con firmeza la gravedad del fenómeno y la necesidad ineludible del aislamiento, para en su caso justificar medidas de coerción.
El gobierno de AMLO va a destiempo: de desestimar el problema, a declarar Fase 2 por presiones nacionales y de la OMS, a reconocer la dimensión mayor de la pandemia, y tomar medidas desesperadas. Como la de adquirir mucho más caro equipo médico de China, que en febrero nuestro país le había vendido, cuando ya era sabido nos llegaría el problema.
AMLO ha dicho que su gobierno se preparó con meses de anticipación; pero lo desmiente la realidad de cantidad de médicos y enfermeras protestando por la falta de lo más elemental, y los casos concretos de clínicas del IMSS (La Paz, Monclova, Tlalnepantla) donde denuncian haberse contagiado por la falta y precariedad de equipo.
Y en esas estamos, esperando que la infraestructura acumulada y nuestro heroico cuerpo médico público, adicionados con las capacidades de militares y sector privado logren atender a plenitud. Pero para ello, se subraya ahora sí hasta la saciedad, es indispensable el aislamiento social. Lo cual implica dejar rutinas, incluidas las laborales. Tal situación abatirá la actividad económica, los ingresos, y lo peor: puede generar gran desempleo y el desmantelamiento de parte de la capacidad productiva instalada. Por eso los diversos llamados de empresarios, voces de la sociedad (académicos, analistas, organizaciones) y de la oposición, hacia el Presidente AMLO para emprender medidas contracíclicas y de protección a la planta productiva y a los empleos.
Pero el Presidente parece no oír. Ya lo expresó con crudeza: a él esta crisis le viene como anillo al dedo. Nada de apoyos a empresarios; si se vuelven menesterosos él podría ofrecerles algunas dádivas. Rijoso como siempre, emite descalificaciones generalizadas en su contra, y exige que cubran sus adeudos con el SAT por 50 mil millones de pesos; no dice que Grupo Elektra (matriz de Banco Azteca), de su aliado Ricardo Salinas Pliego, a quien le ha otorgado diversos y jugosos programas públicos, y el cual se ha negado a parar las actividades de sus diversas empresas, adeuda 32 mil millones, el 64%. Ahí está Presidente, un caso que pondría ejemplo; veremos si su gobierno actúa.
No pedimos que los grandes empresarios sean beneficiados. Se trata de atender a las más de 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes), manufacturas, comercios y servicios privados no financieros, que generan el 75% de los empleos en México. Si el gobierno de AMLO no atiende a éstos el daño a mediano y largo plazo será mayúsculo.
Hay otro aspecto que se ha desatendido: la inseguridad y la violencia podrían recrudecerse con estas condiciones de urgencia sanitaria y recesión económica. De hecho las cifras han aumentado: durante marzo de este año fueron asesinadas 2 mil 585 personas en el país, 83.4 diarios, siendo el peor mes en el gobierno de AMLO. Tendencia ascendente grave, pues ya febrero consignaba 81.1 y enero 76.6 promedio diario.
AMLO ha determinado disponer de 16 mil 750 elementos de las secretarías de Marina y Defensa, considerando solo personal médico, mediante el Plan DN-III; es correcto. Y otros miles más vigilarán la infraestructura médica y la movilización de equipo e insumos. Esperamos que con ello no se debilite la capacidad de las fuerzas castrenses para apoyar las tareas de seguridad pública.
La propia dinámica social de la pandemia (encierro obligado, menor movilidad, distanciamiento social) está determinando cambios también en el funcionamiento del crimen. Dice Héctor De Mauleón “De acuerdo con expertos y analistas de seguridad, los grupos criminales se están valiendo ya de la pandemia para iniciar una búsqueda de control de territorios: ‘Iniciaron abril dándose con todo, precisamente porque ya advirtieron que la emergencia es para ellos una ventana de oportunidad’ apunta Francisco Rivas, director del ONC” (La tormenta que traerá el COVID-19, en El Universal).
La crisis económica, con su disminución de actividades productivas, pérdida masiva de empleos y deterioro de los ingresos, aún en el sector informal, será un extraordinario caldo de cultivo para la delincuencia, menor y organizada. La población juvenil será la más afectada, siendo quienes mayormente demandan empleo e ingreso, son más susceptibles de ser reclutados por el crimen, y de responder a iniciativas de atracos colectivos y saqueos, muchas veces convocados en las redes sociales. Luego de la crisis de 2008 y de la pandemia por H1NI, en México se incrementaron los delitos patrimoniales (asaltos, robos de vehículos y a casa habitación), además de los homicidios dolosos.
En el caso del crimen organizado ya en Europa se observa cómo se ha intensificado la cibercriminalidad, las estafas que aprovechan el miedo y las necesidades médicas de las personas confinadas. Además, el tráfico y la falsificación de medicinas y equipos sanitarios. Y también la falta de apoyos financieros del Gobierno abre un espacio criminal al flujo de recursos de origen dudoso, en condiciones informales llenas de riesgos.
El gobierno de AMLO parece rebasado, sin plan para atender estos retos. Ya en tiempos ordinarios se veía en crisis por la necedad de imponer el INSABI y eliminar el Seguro Popular; también México sufría recesión económica; y la violencia se encontraba en ascenso. Ahora, en situación extraordinaria, tiempos del COVID19, el panorama se ensombrece más.
*Consejero Nacional del PRD
