A pesar de reformas constitucionales y declaraciones mundiales, los derechos indígenas no son reconocidos

Pueblos Indígenas

México.- Diputados y expertos advirtieron que, a pesar de las reformas constitucionales y las declaraciones internacionales firmadas por México, los derechos de los pueblos indígenas siguen sin cumplirse, y en la actualidad no tienen suficiente acceso a servicios de salud, ni la atención necesaria en la pandemia.

Durante un foro virtual, realizado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 agosto de cada año, y que inició con la interpretación del Himno A Konk’Oy, por parte de la cantante originaria Tulia Sánchez, los participantes lamentaron que este sector continúe sin ser reconocido en sus derechos políticos ni en la toma de decisiones.

La diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas (Morena), explicó que, a pesar de existir la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se documentan graves violaciones a estas poblaciones, como la afectación a sus tierras, la falta de consultas, escasa participación política y limitado acceso a la justicia.

Sostuvo que cada 9 de agosto se promueve la pluralidad y el reconocimiento de las comunidades originarias para lograr una sociedad incluyente; es un día de homenaje a mujeres y hombres que día a día defienden a este sector. Agregó que en la actual Legislatura se han realizado distintos foros y reformas, pero aún faltan cambios para reconocer a los gobiernos autónomos y comunitarios.

Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), puntualizó que no obstante la reforma constitucional de 2001 sobre comunidades originarias, muchos de los derechos fundamentales no fueron atendidos ni reconocidos, y aunque se les ve como sujetos de interés público, existe el cuestionamiento de que son considerados como objetos de derechos o sujetos pasivos de las políticas públicas.

Es por ello que decisiones que toman en sus poblaciones no tienen validez jurídica, no son reconocidas o no pueden recibir recursos de manera directa. “A veces es más fácil que una asociación civil u otra figura jurídica pueda ser sujeto de asignación de recursos, esto es consecuencia de la limitación constitucional de 2001. Es uno de sus reclamos más importantes”, recalcó.

Con información de la Cámara de Diputados

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