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En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó un informe respecto al conflicto del agua en Chihuahua, cuyo propósito es, dijo, “no dar pie a la manipulación”. Garantizando al mismo tiempo el abasto del vital líquido a la población.

“Lo primero que se tiene que procurar es que no le falte el agua a la gente. (…) Que la gente de Chihuahua tenga toda la información y no se dé pie a la manipulación. Es decir, si hay información directa, desde luego veraz, cierta, no hay ninguna posibilidad de acarreos o manipulación. Lo mejor es garantizar el derecho a la información”, remarcó.

El acuerdo vigente desde hace 76 años establece que México debe entregar un porcentaje de agua del Río Bravo a Estados Unidos y este país, a su vez, del Río Colorado. Cada cinco años la nación paga al país vecino 2 mil 158 metros cúbicos de agua.

El Tratado permite a México la flexibilidad de pago en quinquenios, mientras que las entregas de Estados Unidos están preestablecidas anualmente. México no puede concluir dos quinquenios consecutivos con retrasos.

En este marco el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo que a través de la SRE se impulsa el diálogo con Estados Unidos para garantizar el cumplimiento del acuerdo y mantener las condiciones favorables para México.

  • Por su parte, la directora general de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, detalló  que Chihuahua, a través del Río Conchos, debe aportar 54.1 por ciento del volumen total del Tratado pero no ha sido así desde 1994 y por ello algunos estados han tenido que duplicar la cantidad que les correspondía.

A la fecha, precisó la funcionaria, a Chihuahua le falta por entregar 319 millones de metros cúbicos y ha cumplido 848 millones de metros cúbicos.

“Al día de hoy, considerando que otros estados han dado incluso más, faltan 289 millones de metros cúbicos. O sea, lo que le falta de entregar es mucho más del adeudo que actualmente tenemos”, puntualizó.

  • Como parte del informe, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, destacó que la actual controversia respecto a la entrega de agua, específicamente por parte de Chihuahua, se debe a intereses económicos y políticos “que han usufructuado para su beneficio el agua y han puesto en riesgo un Tratado internacional”.

“Hay una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama. No es un movimiento espontáneo porque la principal razón era la falta de agua; no ha habido falta de agua, ha habido siempre flujo. Lo que vemos atrás de toda esta embestida, la descalificación es que evidentemente quieren seguir manejando este tipo de negocios y este tipo de usufructo del agua en detrimento de la nación y del país, poniendo en riesgo un Tratado internacional”.

En este sentido, acusó que detrás de la movilización del pasado 9 de septiembre hubo intereses financieros, por lo que citó estos ejemplos:

“Un grupo de ellos son los nogaleros. El nogal, junto con la alfalfa, consume vastas cantidades de agua y un grupo que estuvo operando es el de los nogaleros. Aquí hay una familia, Urionabarrechenea, que está ligada al exgobernador César Duarte; el suegro de uno de ellos, Raúl Enrique Javalera, fue el presidente de la Junta de Aguas y Saneamiento de Chihuahua. Y lo que es más grave, una persona tiene 11 millones de metros cúbicos, que es el equivalente al cuatro por ciento del monto total”.

Agregó que ocho familias acaparan 36 millones de metros cúbicos del agua, lo que es cerca del 12.5 por ciento del adeudo total.

“La siguiente. Aquí están los cebolleros, que es otra familia ligada al diputado local del PAN Jesús Valenciano, que ustedes lo han visto en varios videos, llegó a la represa Andrew West, increpó a la Guardia Nacional, les dio un ultimátum para que se fueran y les dijo que si no se iban les iba a pasar lo mismo que había pasado en La Boquilla”, explicó.

Así mismo, reveló que en una reunión con la secretaria de Gobernación, el gobernador Javier Corral se comprometió el pasado 3 de diciembre de 2019 a dar cumplimiento estricto y obligatorio al tratado de 1944.

“Después, el 1º de agosto de este año firmó una propuesta para los escurrimientos y las entregas de agua. Está su rúbrica y fue firmado junto el director para América del Norte”, argumentó.

Finalmente, señaló que el agua es un tema de seguridad nacional y las presas son instalaciones estratégicas, por lo que no puede perderse la rectoría del Estado mexicano sobre el tema de aguas.

  • Durante un análisis de 148 artículos de opinión en siete medios impresos del 24 de septiembre, el primer mandatario refirió que 95 que hablaban sobre el Gobierno de la Cuarta Transformación: 63 eran negativos, 11 positivos y 21 neutrales.

Con este ejercicio se demuestra, dijo, que “estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México. Parte de la transformación es garantizar a plenitud las libertades”.

Además, resaltó que del total de los textos revisados, solo 16 mujeres eran las autoras, lo que corresponde al 10.81% de los columnistas.

“Esto nada más es para mostrar otra contradicción de cómo se envuelven en la bandera del feminismo y en sus diarios no tienen participación las mujeres”, comentó.

Al ser cuestionado sobre el top 20 de los medios informativos que acaparan el presupuesto federal en comunicación social, cuyo monto asciende a más de 2 mil millones de pesos, el presidente López Obrador respondió que “la publicidad que requiere el gobierno, está totalmente desligada de la línea editorial, eso también debe de tomarse en consideración, no hay represalias para nadie.

  • Al tiempo de ratificar a Blanca Jiménez al frente de la Conagua, el presidente López Obrador dio a conocer los nuevos cambios a nivel nacional dentro de la Comisión, luego de los conflictos por el agua en las presas de Chihuahua. Entre ellos se encuentran:

Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola.

Elena Burns Stuck, subdirectora general de Administración del Agua.

Germán Martínez Santoyo, subdirector general de Administración.

Jacinta Palermo Viqueira, subdirectora general técnica.

José Antonio Zamora Gayoso, subdirector general jurídico.

José Mario Esparza Hernández, subdirector general de Agua Potable y Saneamiento.

  • El Ejecutivo federal pidió esperar a la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre el proyecto de incostitucionalidad, presentado por el ministro Luis María Aguilar, de su solicitud de consulta para enjuiciar a expresidentes.

Expresó que realizar la consulta sobre juicio a ex presientes no viola derechos humanos. “Yo sostengo que llevar a cabo una consulta no significa violar ninguna garantía, al contrario es darle al pueblo su libertad para ejercer la soberanía y no es violatorio de derechos humanos”.

 

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