México.- La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez indicó que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para regular la presencia y actuación en México de personal de agencias policiales extranjeras podría generar más perjuicios que beneficios a nuestro país, por lo cual anticipó el voto en contra del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
En esencia la propuesta está dirigida a los agentes estadounidenses en materia de combate al narcotráfico para establecerles mayores restricciones y obligaciones, pero también limita la actividad de gobernadores y presidentes municipales con este tipo de agentes y pone a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como un ente supremo en la relación con dichas agencias, expuso.
Destacó que sin duda cualquier agente extranjero internado formalmente en México debe respetar nuestra legislación; sin embargo, consideró que resulta cuestionable “que podamos establecerles obligaciones de manera unilateral a través de una ley nacional y no mediante un convenio o un tratado bilateral”.
Asimismo, recalcó que con esta reforma se le asigna a la SRE un amplio control en el manejo de información confidencial, lo cual es un despropósito, toda vez que es improbable que los agentes estadounidenses acepten compartir información sensible con funcionarios que no han pasado por un control de confianza.
Si bien la Cancillería es el conducto por el cual se transmite la información de carácter oficial, la autoridad sustantiva en materia de seguridad es la Fiscalía General de la República (FGR), a quien se relega en su participación con esta reforma, abundó al fijar la postura de su bancada.
La senadora Guadalupe Murguía sostuvo que la FGR y Relaciones Exteriores, por su naturaleza, tienen competencias y facultades distintas.
“Relaciones Exteriores no requiere tener conocimiento de la información en materia de seguridad que se da entre la Fiscalía y sus correspondientes extranjeras”, advirtió.
En una materia delicada como la seguridad nacional, la información solo la debe poseer quien tenga atribuciones para hacer uso de ella, como llevarla ante un juez o compartirla como estrategia de inteligencia bilateral, debiendo restringirse a otros entes públicos, remarcó.
Incluso, añadió, se pone en riesgo al personal de la SRE que los puede hacer blancos de ataques o pretensiones de sobornos por parte del crimen organizado, sin que cuenten con la capacitación suficiente para hacer frente a esto.
“El hecho de centralizar el contacto de este tipo de operaciones y que más funcionarios tengan conocimiento de una información tan sensible, genera un alto riesgo de filtraciones, voluntarias e involuntarias”, apuntó durante su intervención en tribuna.
La senadora por Querétaro alertó que este dictamen no tiene ventajas claras, no es útil para inhibir prácticas ilegítimas de agentes extranjeros en el país, además de que es muy posible que sí inhiba el intercambio de información y cooperación entre los dos países en materia de combate al crimen organizado.
Esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional propone criminalizar a los servidores estatales y municipales que tengan relación con agentes extranjeros, “sometiendo estos encuentros a una autorización previa del Gobierno federal. Este tipo de condiciones para los estados libres y soberanos atenta contra el federalismo y entorpece gravemente las operaciones de campo, en un tema tan urgente como es la seguridad”.
Guadalupe Murguía expresó que hay coincidencia en la necesidad de redefinir la relación con los agentes de Estados Unidos, pero rechazó que se haga mediante acciones de carácter unilateral que son o parecen una mera confrontación reaccionaria.
Con información del PAN
