Raúl Flores Martínez.
Sabemos que las niñas y niños en México, no generan votos, no son el atractivo para los distintos gobierno del país, son la esfera de la sociedad más olvidada de todas las administraciones.
En la actualidad, no hay una cifra puntual de niñas o niños que han muerto por la pandemia del Covid 19 o que han quedado huérfanos porque sus padres murieron por la pandemia.
Datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) según los cuales la mayoría de estos hogares sobrevive en la pobreza debido a la discriminación laboral contra las mujeres, en general, por lo que al fallecer quienes son jefas de familia, sus hijas e hijos quedan en mayor desamparo, pues ni siquiera se les proporcionaba seguridad social.
Al respecto, al menos 69 mil de las 188 mil 866 muertes reconocidas por Covid 19 al 5 de marzo pasado fueron de mujeres, cifra a la cual se suman muchas otras de víctimas de violencia feminicida y violencia en general, gran número de las cuales aportaban el único o principal ingreso de sus hogares.
La enfermedad en México, además de provocar la muerte ya de 156 niñas, 140 adolescentes, 787 mujeres jóvenes, 9 mil 500 mujeres con 80 años o más, 37 mil mujeres de entre 60 y 79 años, también arrancó la vida de más de 22 mil mujeres de 30 a 59 años, muchas de ellas jefas de familia.
Ante esto, la legisladora Frida Alejandra Esparza Márquez propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para crear sistemas de seguridad social que incluyan pensiones, programas sociales y sistemas de salud para los menores.
Con este propósito envió una iniciativa en la que, aun cuando señala que se desconocen datos precisos sobre menores de edad en orfandad, advierte que su número evidentemente aumenta en situaciones de crisis económica, sanitaria y de seguridad como la actual debido a la muerte de miles de jefas de familia.
Con su propuesta, el Estado Nacional se obligaría a diseñar mecanismos de apoyo económico o pensiones no contributivas a favor de niñas, niños y adolescentes, lo cual implicará que se considere una partida presupuestal anualmente dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Esta propuesta no limita a las autoridades administrativas para identificar la población objetivo y los alcances que pueda tener, en función de las condiciones de vulnerabilidad de los menores.
Hay leyes y políticas similares otros países, como la de España, donde a partir de 2019 se concede una prestación de orfandad a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de la violencia, y la de Perú, donde se aprobó una legislación para otorgar una pensión hasta los 18 años a niños o niñas en orfandad de padre o madre con motivo del Covid-19.
En México ya existe desde 2013 el programa “Seguro de Vida para Jefas de Familia” -que actualmente se denomina “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”-, pero el cual sólo apoyaría a niñas y niños en orfandad que hayan sido registrados por su madre y no a todos aquellos que se encuentren fuera de esa condición previa de registro, por lo que se requiere hacerlo extensivo a todos los que están en vulnerabilidad.
Está es una buena propuesta que le aseguró, no pasará debido a que estos temas, es lo que menos les importa a los gobiernos, incluyendo a la actual administración.
