México.- El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) saludó la decisión del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) de interponer una acción de inconstitucionalidad en contra del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil que entró en vigor el pasado 17 de abril, y que exige a los usuarios la entrega de datos biométricos.
En un comunicado, sostuvo que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión “corre el riesgo de ser declarada inconstitucional porque no es idónea para lo que se argumentó que buscan combatir y que son dos delitos: secuestro y extorsión”.
Señaló que la ONU ha rechazado la recolección en masa de información biométrica porque incumple los principios básicos de “necesidad” y “proporcionalidad”.
Llamó inocente a la autoridad por pensar que con esta reforma se frenarán dichos ilícitos, pues “las bandas de criminales no se limitarán con los datos que contengan los aparatos, bastará con la compra de chips y teléfonos celulares en el mercado norteamericano, pasarlos la frontera de modo relativamente fácil y evitar que se les detecte”.
“Lo que sí queda claro es que se darán miles de amparos en el país, y esta ley puede ir al costal de la Suprema Corte que, de hecho, ya tiene acumulados más de 21 recursos de inconstitucionalidad de ordenanzas igual de polémicas, contradictorias que jurídicamente violentan preceptos constitucionales”, aseveró el perredista.
Apuntó además que, en última instancia, los costos de este nuevo ordenamiento correrán a cargo de los compradores de teléfonos, ya que las empresas deberán adquirir tecnología de última generación para recabar la información que se les exige y, de acuerdo con algunos cálculos, podrían representar el equivalente a los 2 mil millones de pesos.
“Estamos ante una política pública que atenta contra derechos humanos, la privacidad de las personas y pone en riesgo información única y muy delicada. En el mundo, sólo 18 países tienen esta obligación para sus ciudadanos y curiosamente se trata de regímenes con una estructura institucional débil, poco democráticos o, para decirlo con mucha claridad, regímenes de gobierno autoritarios”, argumentó.
“Y para quienes incumplan, se habla de multas que pudieran alcanzar decenas de miles de pesos. La más alta es de 89 mil pesos o la cancelación del servicio”, resaltó.
Con información de la Cámara de Diputados
