Raúl Flores Martínez.
Muy poco se habla de empresas extranjeras en México, empresas que a través de engaños se llenan los bolsillos de dinero, como es el caso del presidente de la empresa Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, quien el pasado 18 de enero declaró en la Audiencia Nacional de España, como imputado por los encargos por cohecho, falsedad en documento mercantil y un delito contra la intimidad, debido a que presuntamente contrató al ex comisario José Manuel Villarejo para espiar a políticos y empresarios con la finalidad de infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a accionistas críticos.
De acuerdo a las autoridades judiciales de España, entre 2004 y 2012, el excomisario de policía José Manuel Villarejo, recibió más de un millón de euros a través de 15 facturas emitidas por la empresa Iberdrola, que ha sido acusada e investigada por los gobiernos de Estados Unidos y Francia por la compra de PNM Resources y la adjudicación del parque eólico marino de Saint-Brieuc en 2012 a Ailes Marines, filial de Iberdrola.
En México la empresa española, le fueron cancelados diversos contratos por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a través del acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, limitó la generación de energías renovables y prohibía la emisión en pruebas de las centrales limpias que estuvieran por arrancar, una circunstancia contra la que Iberdrola solicitó medidas cautelares y que en junio fue suspendida y ahora está pendiente de decisión judicial.
Además, la Secretaría de Energía, modificó la normativa de seguridad y calidad del suministro, una decisión que la compañía consideró perjudicial a los generadores privados frente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al establecer nuevos requisitos para interconexiones y en aspectos como los contratos de cobertura y los permisos de acceso.
Por último, se incrementaron las tarifas de transporte de electricidad que reducen el margen de los parques eólicos de la compañía y plantas de autoabastecimiento, decisiones que también están en los tribunales.
En los nueve primeros meses del 2020 el beneficio neto de la eléctrica en México descendió el 23.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, hasta los 230.5 millones de euros (unos 273 millones de dólares al cambio actual), según las cuentas presentadas por la compañía. Los ingresos en el país, que suponen en torno al 8 por ciento del total del grupo, crecieron el 3.3 por ciento, hasta 1,889.8 millones de euros (2,200 millones de dólares), y el beneficio bruto de explotación (ebidtda) el 0.6 por ciento, a 629.4 millones de euros (745 millones de dólares).
Lo que muy pocos saben, es sobre el acercamiento de la empresa española en México, se hizo en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien llevó la batuta en las negociaciones fue la secretaría de Energía en ese sexenio, Georgina Kessel Martínez, quién, tras el término de su periodo como funcionaria, fue contratada por la empresa española como consejera externa independiente al igual que a Calderón Hinojosa.
Actualmente en el Debate de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, se acusa a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) de haber contratado a la analista independiente de temas energéticos, Rosanety Barrios Beltrán, para defender la permanencia de la empresa eléctrica española Iberdrola ante la negativa del Gobierno Federal de volver a contratarla una vez que concluyan sus contratos en el país.
Estos son algunos de los antecedentes de esta empresa española que está establecida en algunos estados del país, antecedentes que no se han discutido en el famoso Debate de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados.
