Especialistas opinan sobre prohibición de propaganda gubernamental y veda electoral, en foro 18 del Parlamento Abierto

México.- En el foro 18, denominado Prohibición de Propaganda gubernamental y veda electoral. Regulación de conferencias gubernamentales, del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, organizado por la Junta de Coordinación Política, los participantes plantearon los principales factores que deben considerarse.

La presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral, diputada Graciela Sánchez Ortiz, señaló que son líneas temáticas importantes para la reforma, no solo por la referencia que hacen a algún tipo de conducta gubernamental o de imposibilidad de actuación de diferentes actores durante los días previos, durante o después de la jornada, sino porque impactan en el derecho de información de las personas.

“El marco legal plantea diversos escenarios que pueden ocurrir; no obstante, es de merecida importancia que se reflexione sobre las reglas actuales a fin de mejorarlas y perfeccionarlas, de no hacerlo se podría creer que la convivencia cotidiana durante los procesos es perfecta y no lo es”.

Posicionamientos de ponentes  

El magistrado de la Sala Regional Especializada, Rubén Jesús Lara Patrón, resaltó la importancia de este evento donde se busca escuchar todas las voces a fin de construir un proyecto legislativo que refleje los distintos puntos de vista que coadyuven a la consolidación del principio democrático. Explicó que la propaganda gubernamental forma parte de los tópicos que componen y definen el modelo de comunicación política del país, el cual se construye a partir de una serie de reglas encaminadas a orientar el tránsito de ideas en los procesos políticos y electorales.

Puntualizó que con el paso del tiempo han surgido nuevas realidades que exigen el pensamiento de realizar ajustes normativos y funcionales que aseguren su vigencia y eficacia, teniendo la convivencia que hoy existe entre los medios respecto de los cuales se pensó originalmente este modelo, como la radio y la televisión, con otras alternativas de difusión como las redes sociales, cuyos contenidos deben garantizar la observancia de los principios normativos

Daniela Arellano Perdomo, integrante de la Dirección Jurídica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, apuntó que las conferencias de prensa no representan por sí mismas un ilícito; sin embargo, el funcionario o funcionaria deben respetar el principio de equidad durante los procesos electorales y de neutralidad, como servidores públicos.

“Aún se suscitan dudas sobre su regulación, criterios que se toman en cuenta para y sobre la entrada en vigor de la Ley General de Comunicación Social; por ello, resulta fundamental incorporar un marco normativo expreso e inteligible para dar luz sobre qué funcionarios están limitados para emitir estas conferencias, si se pretenden reelegir o ya no pueden aspirar a otro cargo. Además, se deben revisar los principios de equidad y neutralidad”.

Luis Octavio Vado Grajales, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, planteó que se requiere una visión completa de la propaganda gubernamental dentro del modelo integral de comunicación social de 2002 y hacia el futuro, a fin de atender la nueva realidad de Internet y redes sociales, bajo control de actores privados.

También, replantear el modelo en distintas dimensiones como la presupuestaria, electoral y comunicativa. Por lo tanto, “se requiere una visión transversal” para ajustarlo a la realidad actual de México, propuso.

Dania Paola Ravel Cuevas, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, consideró fundamental revisar las restricciones de la propaganda gubernamental en la revocación de mandando; es ilógico que la persona que se evalúa para determinar si seguirá o no en el mandato no pueda mencionarle a la ciudadanía cuáles son sus logros, si ha cumplido sus promesas de campaña y los detractores no puedan decir que hay deficiencias. Eso no abona al debate.

Propuso revisar la falta de configuración legal del artículo 134 constitucional respecto a sanciones específicas para servidores públicos, relativa al uso imparcial de recursos públicos que tienen que hacer sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Este vacío ha llevado a que la única guía de actuación sean los criterios jurisdiccionales para saber cuál es la interpretación que se debe dar a ese precepto.

Jenaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, afirmó: “estamos en una oportunidad importantísima para replantear realmente el modelo de comunicación político-electoral heredado de la crisis postelectoral del 2006 que no resolvió la reforma electoral que originó al INE en 2014”, porque todos los medios públicos se encaminan a justificar y acentuar la intervención del Estado, no del gobierno, en diálogo que debe ser democrático y que se da a través de los medios informativos y plataformas socio-digitales.

“Hay un enfoque o postura punitivista que no ayuda a tener un debate mucho más equilibrado”. La cuestión toral debe ser la reflexión sobre la conveniencia y unidad del actual modelo de comunicación política, porque las restricciones a los derechos de las audiencias, derecho a la información y a la libertad de expresión, subordinadas a la presunción de poner en riesgo el principio de equidad de la contienda electoral, sin que existan métodos probados que acreditar fehacientemente la afectación, implica la existencia de un régimen de excepción establecido en el artículo 41 constitucional, agregó.

José Luis Vargas Valdez, magistrado de la Sala Superior de la TEPJF, señaló que es pertinente traer hoy estos temas a debate, discusión y posibles consensos ya que en las últimas semanas se ha polarizado creyendo que es el todo o nada; no obstante, hay aspectos que pueden ser mejorados, sin que sea una transformación integral del sistema, ni quedar anquilosados en aspectos que ya no son vigentes y que nos están generando que, al no existir normas expresas, debamos ser los aplicadores de la justicia y quienes estemos diseñando las normas caso por caso, lo que es sumamente nocivo para el sistema.

Comentó que el tema que nos trae hoy ya se sitúa en algo que ya no obedece a lo que fue diseñado en los años 2007-2008, donde se tomaron decisiones radicales, pero que con el análisis resultan de difícil aplicación.  “Se genera una falta de certeza en los actores políticos, en las partes que concursan en democracia”.

Con información de la Cámara de Diputados

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