Raúl Flores Martínez.
Las cárceles en México, son una universidad del crimen que genera miles de pesos a los internos que pueden vender droga, secuestrar y extorsionar desde sus celdas, bajo la complicidad de diversas autoridades penitenciarias.
Hace unas semanas, dimos a conocer que hasta el día de hoy, no hay un diagnóstico de las prisiones de México por el Gobierno Federal desde 2019 a la fecha; sin embargo, las organizaciones civiles Reinserta y la Organización Comunitaria Por La Paz (OCUPA) presentaron el diagnóstico del sistema penitenciario del estado de Tlaxcala.
Donde señalan que, en el ámbito jurídico, hay un 72 por ciento de personas privadas de la libertad en proceso, esperando una sentencia, por sobre la media nacional que representa el 47 por ciento.
El penal femenil de Apizaco tiene en general buenas condiciones para su atención: cuenta con dormitorios específicos para las mujeres madres y sus hijos e hijas, con áreas de juego al aire libre y ludoteca, además de proporcionar los alimentos necesarios.
Sin embargo, hay mal estado en la infraestructura de los baños, regaderas y drenaje, así como de las parrillas para calentar alimentos en las áreas comunes de los dormitorios y la ausencia de focos.
El área de atención de adicciones carece de las condiciones óptimas para llevar a cabo un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación adecuado.
El 94 por ciento de la población está dispuesta a ayudar a mejorar las condiciones del centro lo cual podría reducir en mucho los costos en mano de obra.
Más del 70 por ciento de la población femenina y masculina realiza actividades laborales, aunque no remuneradas como corresponde, lo cual dificulta el sostenimiento económico de sus familias.
El 60 por ciento de la población refirió tener trastornos de depresión, ansiedad, insomnio y problemas de ira. Aunque la mayoría de ellas y ellos reciben atención psicológica individual por parte del sistema penitenciario, resulta insuficiente ya que esta atención la reciben cada seis meses.
Alguna de las recomendaciones desarrolladas en materia de seguridad por parte de Reinserta y OCUPA, incluyen reforzar el personal de custodia conforme indica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (al menos un custodio cada 10 internos), como también un aumento salarial y profesionalización del personal actual para evitar el constante riesgo de fuga, motines o corrupción; la implementación de un modelo de seguridad dinámica que permita generar interacción no violenta entre custodios e internos y prevenir la comisión de delitos dentro de las prisiones.
Estas fallas en los penales del estado más pequeño del país, fallas que en otras prisiones mexicanas, no serían nada, esas fallas serían multiplicadas por 10, sin contar con el llamado autogobierno que tienen.
