Puebla.- Un eventual otorgamiento de títulos de concesión para Minera Gorrión en municipios de la Sierra Norte de Puebla no implicaría poner en riesgo los derechos culturales y humanos de algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana, informó la empresa filial subsidiaria, Almaden Mineral.
En un comunicado, la empresa dio a conocer el resultado de una Evaluación de Impacto Social (EVIS) que sostiene que existen impactos positivos y una identificación alta con la mina, lo que incluye pago de impuestos, así como la generación de puestos de trabajo que se derivarían en el caso del otorgamiento de las concesiones.
La prueba, indicó Almaden, certificó que la identificación de los impactos concuerda con criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero pese a ello, la Secretaría de Economía no la tomó en cuenta y en su lugar sólo negó la factibilidad de la solicitud de las concesiones.
“Ni la EVIS ni la solicitud de modificación de la extensión de los títulos de concesión fueron considerados por la Secretaría de Economía al momento de buscar negar la factibilidad de la solicitud de las concesiones de Minera Gorrión al Juzgado Segundo de Distrito”, se lee en el comunicado.
En el documento también se destaca otro Estudio de Impacto de Derechos Humanos (EIDH), que comenzó su realización en 2021, y que consiste en un estudio con un enfoque y alcance distinto a la EVIS por tratarse de la evaluación de impactos que implicaría el desarrollo de los trabajos que se desarrollan en Ixtacamaxtitlán.
Dicha evaluación, se realiza bajo los denominados “Estándares de Dinamarca” que son reconocidos como una de las más avanzadas metodologías en materia de Derechos Humanos y busca aportar valor con una visión de largo plazo, tanto en términos operativos, como de integración comunitaria.
Además, la supervisión metodológica de la prueba contó con la participación de un Comité Asesor conformado por integrantes de las comunidades locales y por expertos de reconocida trayectoria, como James Anaya, quien se desempeñó como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de mayo de 2008 a junio de 2014
“La prueba ha sido desarrollada conforme a procedimientos sólidos, basados en estándares y buenas prácticas internacionales, así como con profesionalismo, seriedad y buena fe”, concluyó el Comité Asesor.
La la EIDH -que sería la primera que se realiza en la industria minera mexicana- determinó que habría un cumplimiento y goce de los derechos humanos en la región de influencia razonablemente alto.
“El estado de cumplimiento y goce de los derechos humanos en la región de influencia es razonablemente alto, teniendo en cuenta que en realidad los datos formales u oficiales relativos al cumplimiento y goce de los derechos humanos en la región son sumamente limitados por la ausencia de fuentes específicas, y por lo tanto generar u obtener datos confiables al respecto ha sido complicado, pues los datos disponibles son normalmente generales y presentan situaciones más bien limitadas a la interacción con autoridades.
“Sin embargo, no se obtuvieron datos específicos de las encuestas, talleres y entrevistas que demuestren hechos o actos directamente imputables a la empresa desarrolladora del proyecto violatorios de los derechos humanos de los individuos y comunidades aledañas al mismo, y aun cuando se avizoran o pueden preverse impactos en el goce y disfrute de los derechos antes citados, debe destacarse que en tanto la minera que desarrollará el proyecto -tanto en su fase de construcción como en su fase de operación en cumplimiento de la legislación y regulaciones aplicables así como conforme a los estándares y prácticas comúnmente aceptados en la industria minera- la violación o incumplimiento con los derechos humanos es una posibilidad menor”, destaca la prueba.
Redacción
Número de vistas 94
