Por. José C. Serrano
El 30 de diciembre de 1959, se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Trabajadores del Estado (ISSSTE), como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.
El actual director general del ISSSTE, Pedro Mario Zenteno Santaella, anunció el 30 de noviembre de 2021, que el reto fundamental radica en lograr la transformación del instituto, no permitiendo la corrupción, mejorando el suministro de insumos, así como garantizar el abasto de medicamentos, renovar la infraestructura y, sobre todo, humanizar el trato hacia 13.5 millones de derechohabientes.
Destacó que en su gestión trabajaría arduamente para establecer un modelo preventivo sobre el curativo, porque pareciera que si no hay enfermos no hay negocio y no es así. Un Estado debe mantener la salud de su población para que las nuevas generaciones tengan mejores condiciones de vida.
Mas, la buena voluntad para cumplir los propósitos enunciados, se ha topado con un descalabro mayúsculo en las finanzas del instituto.
La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) denunció que descubrieron un modelo de fraude cometido contra el ISSSTE en el que despachos de abogados prometían beneficios superiores a pensionados, que afectó, durante 12 años, el patrimonio de la dependencia por alrededor de 15 mil millones de pesos.
Félix Medina Padilla, titular de la PFF, explicó que tales beneficios se obtenían mediante juicios ganados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
Los abogados encargados de defender al ISSSTE intencionalmente perdían los juicios. Este esquema se repitió en una gran cantidad de casos.
Los beneficiados de las sentencias ilegales pagaban moches a los funcionarios del ISSSTE, a los servidores públicos de la JFCA y espléndidas cantidades de billetes a los despachos de abogados y demás coyotes que participaban en este fraude.
Los beneficiarios de las sentencias ilegales pagaban sobornos a los funcionarios de la JFCA, la cual es un tribunal incompetente para resolver estos casos.
Las personas involucradas cometieron delitos, como asociación delictuosa, falsificación de documentos, falsedad en declaración y ejercicio ilícito del servicio público.
Por estos hechos, Medina Padilla informó que han logrado judicializar 22 casos y vincular a proceso a ocho personas por estos ilícitos. Además, han presentado 31 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), y comentó que actualmente están en trámite 25 carpetas de investigación.
Se sabe que desde 2007 los propios directivos del ISSSTE, comenzaron a aplicar la privatización de los servicios de salud para favorecer a empresas que, mediante actos de corrupción, con contratos por aproximadamente 254 mil millones de pesos en todo el sector salud.
De esa cantidad, más de 88 mil millones de pesos correspondieron a contratos celebrados con el ISSSTE. Lo más indignante es que los dueños de las empresas eran funcionarios públicos, políticos y prestanombres.
Por su parte, Pedro Zenteno Santaella reveló que entre 1995 y 2005 se entregaron cinco pensiones con montos que superan el tope de 31 mil pesos establecidos para un servidor público.
Esas cinco pensiones están fuera de la norma: una de 273 mil pesos, otra de 236 mil pesos, otra de 186 mil pesos, otra de 138 mil pesos y otra de 129 mil pesos. Los beneficiarios están moral y legalmente obligados a resarcir el daño tan descomunal infligido al erario federal.
El personal de salud que labora en clínicas y hospitales del ISSSTE realiza sus actividades profesionalmente, inclusive ante carencias tan notorias como la falta de diversos insumos. Médicos, enfermeras y laboratoristas, por encima de esta enorme desventaja le apuestan a su capacidad creativa, para poner a salvo la vida de sus pacientes. Corresponde a los directivos de la institución volver público lo que era público.
