Raúl Flores Martínez.
Salvatierra, Guanajuato en la última década ha sido un escenario de ejecuciones masivas que han dejado marcado a la entidad en poder de dos organizaciones criminales, que han dejado mal paradas a las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Sin embargo, el Cártel de Santa Rosa de Lima es dueño y amo de este municipio, que tiene cooptados a los policías municipales y uno que otro funcionario estatal que les da los pitazos a los malandros de esta organización criminal.
Algo que tiene este grupo, es que, en el sexenio de López Obrador, ha generado diversas muertes masivas en Salvatierra y otros municipios cercanos, lo que los pone en el primer lugar de las organizaciones criminales más violentas.
La primera que está registrada fue el 27 de septiembre de 2020 cuando once personas fueron asesinadas en un centro nocturno llamado “La Cabaña del Toro”, que se ubica en Cortazar, Guanajuato. Al lugar llegaron los sicarios de Santa Rosa de Lima, quienes dispararon en contra de trabajadores y clientes del bar dejando un saldo de 11 personas ejecutadas, siete hombres y cuatro mujeres, mientras que otra víctima que resultó herida fue trasladada a un hospital cercano.
Dos años después, el 21 de septiembre de 2022 en un billar del municipio de Tarimoro dejó un saldo de 10 personas que perdieron la vida ejecutados por sicarios del mismo grupo criminal.
De acuerdo con la organización Causa en Común, el Cártel de Santa Rosa de Lima ha generado que la muerte de al menos 27 jóvenes ocurrido en julio de 2020; sin embargo, en la entidad hasta septiembre se tenían 44 víctimas de masacres, sumando las de este domingo la cifra aumentó a 60 víctimas.
60 víctimas en tres años, víctimas mortales gracias a la falta de un accionar contundente de las autoridades de los tres niveles de gobierno que se han vuelto cómplices de las organizaciones criminales que realizan sus actividades criminales bajo el amparo del poder.
Ya no es un secreto qué la estrategia de seguridad es un fracaso en estos casi seis años, ya no es un secreto qué algunos gobernadores y alcaldes sean parte del crimen organizado, solo basta ver cómo se desarrollan las actividades en sus municipios y entidades qué gobiernan.
Lavarse las manos, cómo lo hizo el Presidente López Obrador con la muerte de los 12 jóvenes del fin de semana en Salvatierra es la salida más fácil para evitar caer en conflictos con la sociedad, una sociedad a la qué se le hace creer que todos los ejecutados son adictos ante la muerte violenta generada por una mala estrategia de seguridad en el país.
