México.- La diputada María Rosete Sánchez (PT) propuso expedir la Ley Nacional para la Aplicación de Órdenes y Medidas por Razones de Género, Violencia Familiar y Casos en los que las Víctimas están en Condiciones de Vulnerabilidad.
“La violencia de género y la violencia familiar son dos de los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana. Es urgente erradicar este tipo de hechos, que afectan en mayor medida a mujeres y niñas”, indicó en un comunicado.
Rosete Sánchez expuso que dicho planteamiento lo realizó a través de una iniciativa, ya que con este marco normativo se creará el Sistema Nacional de Protección (SNP), el cual buscará evitar que se pierda la vida de quienes deciden denunciar o hacer del conocimiento a la autoridad de hechos violentos.
Dijo que actualmente las personas que denuncian un delito de este tipo enfrentan la dilación en la ejecución de una orden o medida de protección, que en muchas ocasiones las coloca en riesgo latente.
“Se propone crear una estructura policial con facultades exclusivas para la aplicación inmediata de una orden o medida de protección emergente y preventiva para este tipo de delitos”, precisó.
La diputada por la Ciudad de México comentó que el anteproyecto de ley requiere de presupuesto para creación de instituciones, cuya intervención resulta clave en la aplicación oportuna e inmediata de órdenes y medidas de protección.
“Estos recursos servirán, a su vez, para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones, a través de servicios policiales, psicológicos, médicos y jurídicos que requieren con urgencia las víctimas de violencia de género o familiar”.
Precisó que la propuesta, respaldada por integrantes del GPPT, tiene dos objetivos estratégicos: por un lado, la prevención y lucha contra las violencias que sufren mujeres, adolescentes y niñas; por el otro, busca prevenir y combatir violencias que afectan a víctimas en condiciones de vulnerabilidad, quienes enfrentan niveles de riesgo que comprometen sus derechos.
Argumentó que la estructura normativa que abarcaría el anteproyecto de legislación sería complementaria, operativa y funcional del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Se incorporan procesos indispensables, sencillos, rápidos y flexibles, destinados a la aplicación de órdenes y medidas de protección emergentes y preventivas, desde el momento en que la autoridad tiene conocimiento de actos de violencia”.
Con información de la Cámara de Diputados
