Raúl Flores Martínez.
La crisis hídrica que se está viviendo actualmente en algunas zonas del país ha llevado a algunas personas a comercializar el vital líquido, sin importar que lo robe para poder tener una ganancia instantánea.
Hace unos días en el pueblo de San Martín Cuautlalpan en el municipio de Chalco en el Estado de México, los vecinos de la unidad habitacional Villas de San Martín se percataron que el suministro de agua poco a poco se iba agotando del pozo que tienen sin saber el motivo.
Esto llevó a preguntar una y otra vez que pasaba, fue ahí cuando comenzaron a percatarse que algunas pipas comenzaban a cargar agua en la madrugada con autorización del cuidador del pozo, esto llamó la atención hasta que se dieron cuenta que se estaban robando el agua.
Esto ya está pasando, se roban el agua de una parte para venderla en otra con la finalidad de obtener ganancias rápidas y sin esfuerzo; hasta el momento nadie supo nadie sabe quién dio la autorización, tampoco se sabe que hay una penalidad en el Estado de México para quien sustraía el agua sin permiso.
Este es solo un ejemplo de los focos rojos que se han encendido en los últimos meses, qué se espera en la época de sequía que será una de las más crudas y prolongadas de todos los años.
El robo de agua se ha convertido en uno de los delitos medioambientales y sociales con mayor impunidad en México, este nuevo fenómeno delictivo afecta de manera directa a millones de personas, ya sea por grupos delictivos, ahora por particulares.
Este delito es fácil de detectar porque se basan en las tomas clandestinas que se conectan en las redes de distribución, pozos operados de manera ilegal e ilícita extracción en ríos y lagunas.
En el caso de la Unidad Habitacional una toma clandestina hecha con tubos de PVC, fue la clave para que los huachicoleros de agua, se hayan surtido hasta acabarse el pozo que no se sabe si podrá nuevamente surtir los millones de litros de agua que se tenían y surtían a más de tres mil persona.
En mayo de 2022 el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad tipificar y sancionar con penas de dos a seis años prisión a la persona que, sin autorización, concesión, licencia o permiso expedido por una autoridad competente, sustraiga y se apropie del agua potable de la infraestructura hidráulica, o restrinja su flujo destinado al suministro de las y los usuarios, así como hasta ocho años de cárcel en contra de quien la explote o comercialice.
Esta es la pena que debe tener cada uno que se robo litros y litros del vital líquido de un pozo; sin embargo, ningún vecino sabe de estás penas de cárcel, penas que cambian dependiendo el estado donde se lleve a cabo este delito, bienvenido a la guerra hídrica, bienvenido al robo de agua, el oro transparente, y esto apenas comienza.
