Nombramiento de comisionados del INAI no es una opción: Adrián Alcalá llama a Senado a cumplir con designación

Cumplir con el nombramiento de integrantes pendientes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no es una opción, sino una obligación del Senado de la República, señaló el comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez.

“Los senadores no han cumplido con su obligación constitucional; desde mi óptica, no es un tema optativo, se debe de cumplir, porque la Constitución les faculta a ellos para llevar a cabo los nombramientos de los Comisionados y las Comisionadas que integran el Pleno”, enfatizó en una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD).

Alcalá Méndez dijo que “guste o no” hoy el diseño institucional establece que el Pleno del INAI lo conformen siete integrantes, por ello, los senadores deben cumplir con su designación, más aún porque existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se los ordena.

Dejó claro que “el INAI no es un logro de la clase política o una concesión del poder público, sino una conquista social que surge en 2002”, como parte de la corriente democratizadora en el país, a partir de la cual se empiezan a consolidar los organismos constitucionales autónomos.

Partiendo de la idea de que el Instituto no es una concesión del poder público, tampoco es válido que hoy se pretenda arrebatar a las personaslos derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, recalcó.

Ante los embates de los que está haciendo objeto el organismo garante nacional, el presidente de la ANDD, Elías Huerta Psihas, manifestó el respaldo de la Asociación a la labor del INAI y su compromiso con la defensa de los organismos constitucionales autónomos como componentes esenciales de la democracia mexicana.

“Nosotros, los abogados, los miembros de esta asociación tenemos que sumarnos a esta lucha para impedir que se cometa este atropello contra la Constitución de la República y no solamente eso, también es contrario a principios internacionales que rigen la materia de la democracia, de los derechos humanos, de la transparencia, plasmados en convenios suscritos por el Estado mexicano”, expresó.

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