América Latina.- La pandemia del COVID-19 ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico confirmando la necesidad de repensar el desarrollo. Por ello, una economía resiliente, inclusiva y baja en carbono debe ser el eje orientador de la recuperación económica post coronavirus, afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante una reunión virtual sobre el papel de la acción climática en la recuperación de la crisis del COVID-19.
Alicia Bárcena afirmó que “estamos ante una encrucijada civilizatoria y el imperativo ético es reconstruir, cambiar el modelo de desarrollo por un modelo con mayor igualdad, con una economía más solidaria. Necesitamos hacernos cargo justamente de las grandes brechas estructurales que seguimos enfrentando y que hemos acumulado por muchos años y evitar otra década perdida”, señaló.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL destacó la importancia de comprender que la crisis causada por la pandemia del coronavirus “nos hizo abandonar el mundo de las especulaciones y nos ancló de golpe en lo real, en lo tangible. La lección es que el mundo que viene se debe reconstruir sobre las bases de lo tangible y una de las partes más tangibles son los ecosistemas, las ciudades, la gente”, expresó.
“En la CEPAL hemos priorizado el Acuerdo de Escazú como ese gran instrumento ciudadano de acceso a la información, a la justicia y a la participación en materia ambiental”, subrayó.
Alicia Bárcena recordó las estimaciones señalan que los efectos de la pandemia generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930, con un crecimiento proyectado de -5,3%, un importante deterioro de los indicadores laborales en 2020 que generaría casi 12 millones más de desempleados en la región y un aumento de casi 30 millones de pobres para llegar a 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región).
Preocupa muy especialmente el alza de la pobreza extrema, advirtió la alta funcionaria de las Naciones Unidas, que aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.
Por ello, explicó, la CEPAL propone la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional).
El Arsenal / Con información de la CEPAL
