De la improvisación a la ocurrencia en la política caribeña

Miryam Gomezcésar.

En septiembre próximo inicia el proceso electoral que  culmina en junio del 2021, al año siguiente el que podría ser de alternancia en el gobierno estatal. La renovación de las once presidencias municipales que conforman el estado trae de un hilo a la clase política, los interesados en el tema centran su atención en cada evento, bueno y malo.

La batalla promete ser ruda porque las principales ciudades de este controvertido paraíso son la aspiración de muchos grupos dispuestos a hacer lo que sea con las mejores y peores armas para hacerse del poder, sin embargo, no se ve fácil para nadie porque los yerros tanto del gobierno estatal como de las XV y XVI legislaturas, son facturas pendientes. En los ayuntamientos están exactamente igual.

A iniciativa del Gobierno Federal, diputados y senadores endurecieron las leyes electorales de la Reforma Política, particularmente en lo que se refiere al uso de los recursos públicos. Con miras a garantizar que el gobernador logre tener el control absoluto del proceso, el cambio de líderes en los partidos PRI, PAN y PRD, que amenazan ir en alianza junto con otras nuevas organizaciones, es a lo que se enfrentará los partidos que se alíen con Morena.

El pleito entre los diputados abiertamente joaquinistas (del PAN/PRI/MC y PRD) en la XVI Legislatura es tan intenso como absurdo. En un duelo de simulaciones han cometido tantos errores como sucede con los morenistas que actúan aliados del gobernador.

De ahí que el congreso local vaya de escándalo en escándalo, de la improvisación a la ocurrencia, de los errores al desmarque y así, la desquiciante curva de aprendizaje ha sido lenta, lenta.

Pifias como la iniciativa aprobada al vapor los diputados de la XVI Legislatura, atrajeron la atención de la opinión pública cuando, casi por unanimidad (salvo las ausencias y el voto en contra del colmilludo sempiterno líder del PT Hernán Villatoro Barrios y la ausencia de Paula Pech Vázquez, Roberto Erales Jiménez, José de la Peña Ruiz de Chávez, Erick Gustavo Miranda García, Tyara Schleske de Ariño y María Fernanda Trejo Quijano), modificaron la Ley de Impuestos sobre Juegos y Concursos 2020, que eximiría a los inversionistas en casinos de pagar contribuciones al fisco.

Como lo anterior es contrario a lo dispuesto por la Federación, la intentona fue rechazada tanto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Al verse exhibidos, desde el mandatario Carlos Joaquín González hasta los diputados que votaron por la afirmativa, todos se apresuraron a negarlo.

De nada sirvieron las justificaciones del desaseo legislativo, aunque unos intentaron desmarcarse acelerados para encontrar algún ingenuo culpable, varios señalaron a José de la Peña Ruiz de Chávez, para zafarse de la culpa de no haber leído ni discutido la oprobiosa iniciativa.

Otros, como José Luis “Chanito” Toledo Medina de Movimiento Ciudadano, de plano intentaron sacar provecho político a la oportunidad que presentaba la coyuntura. A ninguno importó ni su imagen, ni la memoria ciudadana, mucho menos repararon en las secuelas del escándalo en tan debilitada institución.

Es un ave, es un avión… ¡Son los diputados!

Más pronto que tarde sesionaron para remendar su vergonzoso desliz. Al reunirse para derogar el cuestionado artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos 2020 de Quintana Roo, rechazado por la mayoría, lo que sí fue un exitazo espectacular fue lo rápido que se exhibieron.

Es obvio que en el Legislativo, hay quien no entiende lo que significa ser de oposición, mucho menos tener el control. Demostraron su incapacidad para analizar un tema tan delicado e innecesario cuando otros urgentes permanecen empolvados, la ambición los puso contra la pared.

No consideraron (al menos así parece) que conceder privilegios de esa índole en busca de inversionistas turístico significa alimentar una guerra para el dominio de esa actividad de apuestas que permite el lavado de dinero y es un factor de avance del crimen organizado en perjuicio de la de por sí debilitada seguridad de los habitantes del estado, por ende, están obligados a aclarar para quién o quiénes realmente trabajan.

Las críticas y rechiflas no se hicieron esperar. Lo mismo sucedió con la postura del presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas, quien se ampara en el respeto a los “usos y costumbres”  locales para no acatar la Ley de Protección y Bienestar Animal, que prohíbe las corridas de toros y peleas de gallos “Se van a mantener y permitir estas tradiciones tan arraigadas en la Zona Maya”, en las más de 80 comunidades que abarca la demarcación que preside.

En ese municipio, tanto las corridas de toros como las peleas de gallos y carreras de caballos, hace poco fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial por los miembros del Cabildo.

El alcalde aseguró a los reporteros del diario ¡Por Esto! que al avalar la ley, los diputados no contemplaron realizar un estudio a fondo ni hubo algún acercamiento con los pueblos indígenas, por lo que cree necesario que se modifique la ley para establecer excepciones.

La desesperación para mantener su pedacito de poder los hace cometer errores con consecuencias de todo tipo. El descuido es visible. Así, ante el ojo escrutador de los ciudadanos nada pasa inadvertido, a cada paso que dan se conjetura, por lo mismo, la presencia o ausencia de los que están formados en la fila del aspirantazgo a algún cargo de representación popular, los tiene en la mira.

Es increíble cómo el activismo solícito de los acelerados se desborda, lo mismo aparecen en eventos irrelevantes, que se ausentan de los solemnes o de los importantes como sucedió en ocasión a la conmemoración del 45 Aniversario  de la Promulgación de la Constitución Política de Quintana Roo, efectuada la semana pasada en Chetumal, presidida por el gobernador Carlos Joaquín González con las máximas autoridades de los Poderes Judicial, Legislativo, de las Fuerzas Armadas, entre otras, donde las asistencia brillaron tanto como la ausencia de siete alcaldes.

Es aventurado pretender que lo hicieron para tomar distancia del mandatario porque, aunque en septiembre inicia el proceso electoral, falta tiempo para la selección de candidatos, por ende, este no sería el pretexto, aunque identificarse con el PAN en sus actos públicos oficiales a éstas alturas, con un gobierno sumido en el descrédito, signifique arriesgarse.

Así, el desaire de los alcaldes (as) de Puerto Morelos, Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Othón P. Blanco y Bacalar al gobernador, pasa por el recuerdo del intento fallido de Roberto Borge Angulo y su “quintanarroismo” frase dicha en uno de sus informes acuñada para tratar de controlar su sucesión y que, ahora con Carlos Joaquín al frente, como dice la canción “la historia vuelve a repetirse”.

En el acto solemne, el mandatario expuso “En los tiempos actuales corresponde a la autoridad generar las condiciones para que la gente viva con bienestar y es allí donde debemos fortalecer y profundizar el verdadero sentido de lo que significa ser quintanarroense”, al tiempo de asegurar que en los procesos electorales de Quintana Roo, ha habido total transparencia.

Sin embargo, fue más allá, insistió en que “en donde el que la hace las paga, y donde nuestra Carta Magna y sus instituciones son respetadas en la más amplia independencia de poderes”. No voy a mentir, entre los asistentes hubo risitas discretas.

Tras el discurso, las palabras de su retórica hicieron reaccionar a varios “¡sí, ajá!”, entonces quiere decir que hasta el ex gobernador Félix González Canto, el ex titular de Sefiplan, Juan Pablo Guillermo Molina, por mencionar sólo dos de la larga lista de quienes endeudaron descomunalmente al gobierno, que presuntamente desviaron recursos, abusaron del poder rebasados de soberbia, opacidad y cinismo. ¿A ellos no se aplica la justicia?

Hoy, cuando son ostensibles los excesos en los poderes y los contrastes indignan por humillantes, las decisiones que se toman desde Palacio de Gobierno violentando la autonomía municipal sin reparo, la de las instituciones de educación superior como la UQRoo, un desorden tan solapado y mantenido en el gobierno ¿con qué se justifica? ¿A qué se referirá Carlos Joaquín González cuando afirma que “la democracia no tiene vuelta atrás, ha enterrado el autoritarismo y latrocionio del pasado”?

Los número no engañan, el resultado de la pasada elección así lo indica, el PAN y sus aliados no lograron retener ni Solidaridad, ni el congreso. Bajo estas circunstancias en Quintana Roo no hay vientos de cambio, tal vez por eso asoma un acariciado añejo sueño de verdadera alternancia.

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