México.- Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que plantea el Ejecutivo Federal empoderan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pretenden regresarnos al pasado, al revivir el proceso de generación de electricidad mediante procesos altamente contaminantes que ya se estaban erradicando, como la quema de combustóleo, señaló la diputada Cecilia Patrón Laviada (PAN).
En el mundo ya se avanza hacia una política energética libre de la contaminación tradicional. En países del Reino Unido está asentado que a partir de 2030 se prohibirá la venta de automóviles basados en gasolina, dando entrada a vehículos eléctricos. Esto solo es un ejemplo que refleja fielmente cómo la migración de la energía fósil a la energía renovable, y no contaminante, es un hecho; la reforma a industria eléctrica atrasaría reloj energético hasta 50 años, señaló en un comunicado.
“En Yucatán y muchas otras áreas de México de un tiempo para acá la producción de electricidad mediante el aprovechamiento de la energía eólica se ha convertido en una realidad, siendo menos costosa para las familias y empresas mexicanas, y atrayendo inversión privada para aprovechar las condiciones geográficas que permiten su generación”, indicó la diputada por esa entidad.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica presentada el 29 de enero con carácter de preferente por parte del presidente de la República, pretende modificar el mecanismo que regula el despacho de las centrales eléctricas, favoreciendo la colocación y comercialización de energía generada en plantas de la CFE, frente a los generadores particulares de energía limpias; así como también añadiendo la posibilidad de revocar permisos de autoabastecimiento.
Al respecto, indicó que Acción Nacional trabaja para proteger el orden constitucional y convencional del país; rechaza la reforma en los términos que se plantea, porque traerá como consecuencia una mayor proporción de energía más contaminante y más costosa en el país.
“Además, de aprobarse la reforma –dijo- se atentaría contra la Ley Federal de Competencia Económica y diversos tratados internacionales en los que México es parte, esto significará mayores precios en el sector energético y golpeará a la, ya de por sí deteriorada, economía de las familias mexicanas, que hoy se encuentran en una grave crisis y requieren más que nunca apoyo y solidaridad”.
“Se trata de una reforma inconstitucional y contraria a diversos tratados internacionales, por lo cual, de aprobarse, acudiremos a la SCJN a hacer justicia en favor de las familias y el medio ambiente”.
Indicó que como ha sucedido con otras iniciativas emitidas por el gobierno federal, se apuesta por el retroceso en temas en los que México ya había avanzado mucho.
La reforma también atenta contra la certeza jurídica, el crecimiento económico y el bien común, en beneficio de una empresa estatal, por encima del interés común y social.
“Al modificar el esquema de los Certificados de Energías Limpias, y preferir la energía producida por CFE, se elevan a ley las arbitrariedades de los acuerdos administrativos expedidos de la Secretaría de Energía de mayo 2020 para la revisión de contratos, a pesar de que fueron suspendidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”
“Se trata de una expropiación disfrazada –expresó-, pues se retorna al monopolio energético. El Gobierno busca ofrecer energía más cara y más contaminante, y en el PAN no lo permitiremos. Seguiremos trabajando por un México con energías limpias, con entornos propicios de desarrollo económico, Estado de Derecho y, sobre todo, cuidando la economía de las familias mexicanas”.
Con información de la Cámara de Diputados
