Raúl Flores Martínez.
Es un hecho que a nadie debe extrañar que el nuevo padrón de telefonía celular aprobado por el Senado de la República, vaya a las manos del crimen organizado, como en su momento ese mismo padrón fue a parar a manos de diversas empresas que a cualquier hora del día le marcan a su móvil para verle distintos productos.
El ente que será el encargado de resguardar los datos biométricos, será el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien deberá hacerse cargo de la seguridad de la información personal, bancaria y hasta datos biométricos que quieren que les proporcionamos.
Se ha puesto a pensaren dónde se van almacenar los datos de los titulares de 120 millones de celulares, algo similar paso con el llamado Renaut, que se disolvió dos años después de su creación, debido a que las bases de datos acabaron vendiéndose en el mercado negro y hasta en línea.
Quién se va a preocupar por resguardar esa información, si cualquier funcionario de alto rango y con un buen billete de por medio, podrá exigir la base de datos que tendrá la tarjeta SIM, fecha y hora de activaciones, nombre completo del usuario, número de identificación oficial, fotografía, CURP, domicilio, concesionario, código de identidad de fabricación, características del teléfono, y datos bancarios y biométricos.
Eso debe de preocupar porque en el modo de trabajar los delincuentes, se podrían triangular diversas actividades ilícitas con los teléfonos de las personas que, sin saberlo, serían partícipes de delitos cibernéticos.
Debemos recordar que los delincuentes informáticos usan apps para realizar algunas actividades, como el robo de identidad e incluso robo de dinero entrando a las cuentas bancarias.
Esta iniciativa, es vulnerable porque los distribuidores autorizados por los operadores de telecomunicaciones deberán almacenar la información, lo que provocaría un riesgo para los ciudadanos, esto lo sabían los senadores.
Algo que dijo recientemente Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, fue que la creación y mantenimiento del Padrón tendría un enorme costo económico, tanto para el IFT como para los concesionarios y autorizados de telecomunicaciones, que podría ascender a más de 21 mil millones de pesos, cuyos ingresos podrían ser invertidos en desplegar más infraestructura para cerrar la brecha digital del país.
Dijo que las autoridades cuentan con herramientas para investigar delitos como la extorsión, a través del historial de llamadas, con el que es posible saber la fecha y hora y ubicación geográfica de los delincuentes.
Los expertos coincidieron que esta medida sólo se ha implementado en naciones que pertenecen a un régimen totalitario: Afganistán, Irán, Irak, Rusia, China, pues en ningún país democrático se exige la entrega de datos biométricos para la compra de un chip de telefonía móvil.
También debemos ser claros, muchos usuarios al no estar de acuerdo en otorgar sus datos personales y no contar con alguna identificación oficial para realizar el trámite, por lo que se rezagará a grupos vulnerables como personas de edad avanzada, a la población rural y a quienes no tienen algún documento oficial.
Y también los delincuentes no se van a registrar y buscarán la mejor forma para seguir con sus delitos de extorsiones desde reclusorios y robos de identidades, ahora será más sencillo con la información que se tendrá concentrada en un padrón, que en semanas circulará por todos lados.
