México.- La diputada Carolina Dávila Ramírez (PRI) presentó una iniciativa para tipificar el homicidio cometido en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos por motivo de sus actividades y establecer la responsabilidad específica de servidores públicos que intimiden, obstaculicen y coarten las labores de su defensa.
Además, propuso crear un registro nacional de agresiones cometidas contra la libertad de expresión como herramienta de seguimiento y diagnóstico para la implementación de políticas públicas preventivas en la materia, cumpliendo con el indicador 16.10.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por medio de un comunicado, la parlamentaria afirmó que es indispensable atender las graves agresiones cometidas contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ya que afectan al individuo contra quien se cometen y a la comunidad de la que son parte, “se silencian las voces y se eliminan las críticas, vulnerando la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Manifestó que, a pesar de la creación del Mecanismo de Protección para estos sectores en 2012, como una herramienta de respuesta institucional para atender a las víctimas de agresiones, éste no ha sido suficiente para frenar dichas conductas ante las deficiencias en su implementación y la falta de recursos humanos y financieros
Destacó que hacen falta políticas públicas eficaces que inhiban las ataques, ya que el Mecanismo mantiene un enfoque reactivo parar evitar la consumación del daño, pero no cuenta con un enfoque preventivo para anular las causas del riesgo, lo que podría hacerlo inoperante.
La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del Código Penal Federal y de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para sancionar a servidores públicos que incurran en hostigamiento, amenazas y daño contra personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, se turnó a las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Justicia, para dictamen; y a la Comisión de Derechos Humanos, para opinión.
Con información de la Cámara de Diputados
