La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó el cambio de medida cautelar dictada por la jueza segunda de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en cumplimiento de la sentencia dictada por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para beneficiar a ocho miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presuntamente involucrados en los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 normalistas.
En un comunicado, la CoVAJ señaló que a pesar de que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) de la Fiscalía General de la República (FGR) propuso el resguardo domiciliario de los inculpados, la jueza finalmente determinó imponer a los imputados las siguientes medidas cautelares:
- Firma periódica cada quince días ante el juzgado del proceso.
- Garantía económica de 50 mil pesos.
- Prohibición de salir del país sin autorización judicial y entrega de pasaporte en caso de contar con él.
- Prohibición de acercarse o comunicarse con los testigos o las víctimas.
- Prohibición de acercarse al estado de Guerrero.
- Además, requirió a los procesados acreditar su domicilio particular.
De esta manera, la CoVAJ acusó que integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos.
Por su parte,, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y presidente de la CoVAJ, Arturo Medina Padilla, aclaró que, con esta determinación, “no se exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas, quienes continuarán sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia correspondiente”.
Asimismo, la CoVAJ se coordinará con la Ueilca para asegurar que se agoten todas las instancias legales posibles y el debido proceso para cumplir el principio de cero impunidad para este caso que tanto ha lastimado a madres, padres, familiares y amigos de los normalistas, así como al pueblo de México.
“Estaremos atentos a que se respete el debido proceso, el principio de legalidad y, lo más importante, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos.”
El día de ayer la jueza federal Raquel Ivette Duarte, determinó que ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, lleven su proceso en libertad.
Los señalados se encontraban presos en el Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, acusados por autoridades federales por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas.
Los beneficiados con esta medida son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
